Han transcurrido más de dos años desde que el Consejo de Estado profirió la sentencia de segunda instancia relacionada con el Proyecto Multipropósito Río Ranchería. Esta decisión buscaba corregir décadas de retrasos, incumplimientos y falta de coordinación institucional alrededor de una de las inversiones públicas más importantes realizadas en La Guajira. El alto tribunal ordenó adoptar medidas estructurales para culminar los Distritos de Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar. Estos fueron concebidos como el componente agrícola del proyecto, con el propósito de utilizar el agua almacenada en el embalse El Cercado para impulsar la producción agropecuaria, generar empleo, fortalecer la seguridad alimentaria y promover el desarrollo rural del sur del departamento.
Sin embargo, el análisis de las actas de las mesas técnicas interinstitucionales realizadas durante 2024 y 2025 permite concluir que, aunque se han presentado avances administrativos, la finalidad principal de la sentencia todavía no se ha materializado. Sería injusto afirmar que las entidades responsables han permanecido inactivas. Las actas demuestran la conformación de la Mesa Técnica Interinstitucional ordenada por el Consejo de Estado, la participación de la Agencia de Desarrollo Rural, la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y la intervención del Departamento Nacional de Planeación, Corpoguajira, los ministerios competentes y las autoridades territoriales. También se han celebrado reuniones periódicas, evaluado los caudales disponibles, discutido alternativas técnicas, elaborado documentos de trabajo y definido compromisos institucionales. Esto representa un avance en materia de coordinación, seguimiento y gobernanza. No obstante, una sentencia de esta naturaleza no puede considerarse cumplida únicamente con reuniones, actas y documentos. Su verdadero propósito es producir resultados concretos.
Las mismas actas evidencian que siguen pendientes decisiones fundamentales relacionadas con la financiación, la distribución definitiva de los caudales, los ajustes ambientales y la contratación de las obras necesarias para poner en funcionamiento los distritos de riego. Hasta las últimas reuniones analizadas no existía evidencia del inicio de las obras de la Fase II ni de la construcción de la infraestructura faltante. La situación resulta más preocupante porque varias discusiones técnicas continuaron después del vencimiento del plazo establecido por el Consejo de Estado. Esto conduce a una pregunta inevitable: ¿puede considerarse cumplida una sentencia cuando su objetivo central permanece sin ejecutar? Desde el punto de vista jurídico, podría hablarse de un cumplimiento parcial. Las entidades han adelantado actuaciones dirigidas a atender el fallo, pero permanecen pendientes las metas sustanciales: asegurar la financiación definitiva, culminar la Fase II y poner en funcionamiento los Distritos de Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar.
El vencimiento del plazo judicial aumenta el riesgo de que el juez encargado del seguimiento considere insuficientes los avances. Esto podría ocasionar nuevos requerimientos, órdenes complementarias, audiencias de seguimiento e, incluso, eventuales incidentes de desacato. Mientras las instituciones continúan discutiendo, La Guajira sigue esperando. Miles de hectáreas con vocación agrícola y pecuaria permanecen sin aprovechar plenamente el recurso hídrico de El Cercado. Los campesinos siguen dependiendo de las lluvias y enfrentando la incertidumbre provocada por las sequías. El departamento tampoco ha recibido todos los beneficios económicos y sociales que justificaron la inversión pública. Además, cada nuevo retraso aumenta la desconfianza ciudadana y fortalece la percepción de que los grandes proyectos estratégicos pueden permanecer inconclusos durante décadas. La culminación de los distritos de riego constituye una responsabilidad compartida entre la Agencia de Desarrollo Rural, el Gobierno nacional, los ministerios involucrados, el Departamento Nacional de Planeación, Corpoguajira, la Gobernación de La Guajira y los municipios beneficiarios. Por esta razón, se necesita un liderazgo claro que permita superar la dispersión de responsabilidades y convertir los compromisos en obras. El Proyecto Multipropósito Río Ranchería no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones, financiación, contratación y ejecución. Necesita que el agua almacenada en la presa El Cercado llegue finalmente a los campos de cultivo para los cuales fue concebida. La verdadera medida del cumplimiento no será el número de reuniones realizadas ni la cantidad de actas producidas. Será observar los canales construidos, las hectáreas incorporadas al riego, los productores beneficiados, los empleos generados y el desarrollo económico alcanzado.
Hasta que estos resultados se materialicen, continuará pendiente la deuda histórica con los Distritos de Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar. La Guajira ya ha esperado demasiado: es hora de que el agua salga de las actas y llegue, por fin, a la tierra.
