Revista Cambio reveló cuestionamientos al trámite adelantado por la magistrada instructora.
La actuación de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que adelanta contra la senadora Martha Peralta Epieyú por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha abierto un debate jurídico al interior del alto tribunal, centrado en las decisiones adoptadas durante la etapa inicial de la investigación y no en el fondo de las acusaciones.
De acuerdo con una publicación de la Revista Cambio, varios magistrados de la Sala de Instrucción habrían planteado reparos frente al procedimiento adelantado por la magistrada Cristina Lombana para garantizar la comparecencia de la congresista a la diligencia de indagatoria. Según el medio, esos cuestionamientos motivaron el retiro de una ponencia para que fuera replanteada antes de ser sometida nuevamente a consideración de la Sala.
El principal punto de discusión, según la defensa de Peralta, radica en que la congresista solicitó aplazar la diligencia al considerar que no había recibido oportunamente las declaraciones rendidas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, elementos que estimaba necesarios para preparar su estrategia de defensa. Pese a esa petición, la magistrada habría ordenado su conducción por parte de la Policía sin resolver previamente dicha solicitud.
Otro de los aspectos controvertidos corresponde a la decisión de mantener restringida la libertad de la senadora después de que compareciera ante la Corte. La defensa sostiene que, una vez cumplido el objetivo de asegurar su presencia, cualquier medida posterior debía contar con una fundamentación distinta y ser adoptada por la Sala de Instrucción, argumento que hace parte de los recursos presentados dentro del proceso.
La defensa también manifestó inconformidades relacionadas con las condiciones en las que se ejecutó la restricción de la libertad, entre ellas la permanencia de personal de custodia dentro de la residencia de la congresista, las limitaciones para el ingreso de visitantes y su posterior traslado a instalaciones de la Dijín durante el fin de semana de las elecciones legislativas. Estos señalamientos corresponden a la posición de la defensa y no constituyen decisiones judiciales.
No obstante, un juez de la República negó previamente una acción de habeas corpus promovida por los abogados de Martha Peralta, al concluir que la captura no obedeció a una actuación arbitraria. Esa decisión, sin embargo, no impide que la propia Corte Suprema examine si las actuaciones procesales cuestionadas se ajustaron plenamente a las garantías constitucionales y al debido proceso.
Mientras la investigación por el presunto entramado de corrupción en la UNGRD continúa su curso, la Sala de Instrucción deberá resolver tanto la situación jurídica de la senadora como los cuestionamientos planteados sobre el procedimiento utilizado, un debate que, según lo revelado por Revista Cambio, podría sentar un precedente sobre los límites de las medidas restrictivas de la libertad durante la etapa de investigación penal.
