En Colombia, las cifras gubernamentales casi nunca llegan solas. Vienen acompañadas de discursos, celebraciones, disputas políticas y una batalla permanente por imponer una interpretación del país. El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó en abril de 2026 un documento en el que reúne cien resultados que considera representativos de su gestión. Es, en esencia, su rendición de cuentas ante una nación profundamente dividida entre quienes defienden el proyecto del cambio y quienes cuestionan sus métodos, resultados y capacidad de ejecución. El balance dibuja un país que habría avanzado en derechos laborales, protección social, reforma agraria, educación pública, salud, transición energética, conectividad y cuidado del medioambiente. No se trata de una lista modesta.
Por el contrario, el documento pretende demostrar que la orientación social del Gobierno produjo transformaciones concretas en la vida de trabajadores, campesinos, mujeres cuidadoras, jóvenes, adultos mayores y habitantes de territorios históricamente olvidados. Uno de los logros más visibles se encuentra en el mundo laboral. El Gobierno destaca que el salario mínimo alcanzó los dos millones de pesos en 2026, así como la reducción del desempleo y de la pobreza multidimensional. A esto suma la recuperación de la jornada nocturna desde las siete de la noche, el incremento progresivo de los recargos dominicales y festivos y la formalización de los contratos de aprendizaje del SENA. Estas medidas representan una reivindicación para millones de trabajadores, especialmente para aquellos que durante años desempeñaron sus labores en condiciones precarias.
Sin embargo, el verdadero alcance del aumento salarial no puede evaluarse únicamente por la cifra consignada en un decreto. También debe medirse frente al costo de los alimentos, los servicios públicos, el transporte, la vivienda y la capacidad de las pequeñas empresas para sostener el empleo formal. El informe también reivindica a sectores que pocas veces ocupan el centro del debate nacional. Allí aparecen las madres comunitarias, las mujeres cabeza de hogar, los soldados, los auxiliares de Policía y los pensionados de la Fuerza Pública.
El reconocimiento económico de las labores del cuidado es especialmente significativo porque admite una realidad durante mucho tiempo ignorada: miles de mujeres han sostenido silenciosamente el bienestar de la infancia y de las familias colombianas sin recibir una protección proporcional a su contribución social. En el campo, el Gobierno presenta la reforma agraria como uno de sus mayores avances. La formalización de más de dos millones de hectáreas, la entrega de títulos a campesinos y mujeres rurales, la creación de Zonas de Reserva Campesina y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras constituyen pasos importantes en un país cuya violencia ha estado estrechamente relacionada con la concentración y el despojo de la tierra.
No obstante, entregar o formalizar tierras es apenas el comienzo. Una reforma agraria efectiva necesita carreteras, créditos accesibles, asistencia técnica, sistemas de riego, seguridad, educación rural y canales de comercialización. Un campesino con título, pero sin vías para transportar su cosecha, continúa atrapado en la pobreza. La gran prueba será convertir la propiedad rural en producción sostenible, ingresos dignos y bienestar familiar. En materia ambiental, el documento señala una reducción de la deforestación, la recuperación de miles de hectáreas de bosques y la protección de territorios de la Amazonía y la Sierra Nevada de Santa Marta.
También menciona la realización de la COP16 en Cali y el financiamiento destinado al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Estos resultados coinciden con la intención del presidente Petro de posicionar a Colombia como una “potencia mundial de la vida”. Sin embargo, ese liderazgo internacional debe reflejarse con igual fuerza en los territorios, donde continúan la minería ilegal, la deforestación, los incendios forestales, la contaminación de los ríos y el asesinato de líderes ambientales. El balance económico incluye el pago de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, el fortalecimiento del peso frente al dólar, el buen comportamiento de la Bolsa de Colombia, el financiamiento de pequeñas y medianas empresas y el aumento de la conectividad digital.
Son indicadores que el Gobierno utiliza para responder a quienes pronosticaron una crisis económica inmediata con la llegada de Petro al poder. Pero una economía nacional no puede valorarse exclusivamente desde los mercados financieros. Para el ciudadano común, la economía se mide en la posibilidad de conseguir trabajo, comprar alimentos, pagar los servicios públicos, acceder a una vivienda y llegar al final del mes sin endeudarse. Esa distancia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana sigue siendo uno de los principales desafíos del Gobierno. La educación ocupa otro lugar central.
El documento destaca un presupuesto histórico para el sector, la apertura de prejardín y jardín en colegios oficiales, la vinculación de docentes para la primera infancia, la reforma de la financiación de la educación superior y la inversión en infraestructura universitaria. También resalta el programa Artes para la Paz, que habría brindado formación cultural a más de 700.000 jóvenes. El aumento presupuestal es importante, pero no elimina automáticamente las brechas educativas. En departamentos como la Guajira todavía existen instituciones sin agua potable permanente, conectividad adecuada, restaurantes escolares, laboratorios, bibliotecas, climatización ni espacios dignos para docentes y estudiantes. El presupuesto se convierte en transformación solamente cuando llega al aula y mejora las condiciones reales del aprendizaje.
En salud, el Gobierno informa reducciones en la mortalidad materna y en las muertes infantiles por desnutrición, además del despliegue de equipos básicos de atención, la entrega de ambulancias y la inversión en hospitales. Son avances que merecen reconocimiento si las cifras son confirmadas por evaluaciones independientes. Al mismo tiempo, persisten dificultades en la entrega de medicamentos, la atención especializada y la sostenibilidad financiera del sistema. La salud es un derecho, pero ese principio debe traducirse en citas oportunas, tratamientos continuos y presencia médica efectiva en las zonas apartadas. La transición energética aparece como otra bandera gubernamental.
El crecimiento de la energía solar, la creación de comunidades energéticas y la reducción de tarifas eléctricas en la región Caribe apuntan hacia un modelo más limpio y descentralizado. Para una región que durante décadas ha soportado facturas elevadas y un servicio deficiente, cualquier reducción sostenible representa un alivio. Sin embargo, la transición deberá garantizar estabilidad energética, empleo y participación de las comunidades. Los cien logros conforman una fotografía amplia y favorable de la administración Petro. Eso no significa que los avances deban desconocerse. La oposición comete un error cuando niega cualquier resultado por el simple hecho de proceder del Gobierno, del mismo modo que el oficialismo se equivoca cuando convierte toda crítica en sabotaje político.
Una democracia madura reconoce los logros, exige pruebas, señala las fallas y reclama correcciones. El balance de Gustavo Petro deja una conclusión: el Gobierno ha intentado modificar las prioridades tradicionales del Estado y orientar una mayor parte de la inversión hacia los sectores históricamente excluidos. Esa decisión constituye su principal identidad política y, probablemente, su legado más visible. Pero el cambio no se mide por el número de anuncios ni por la extensión de un informe. Se mide en la vida cotidiana. Se comprueba cuando el campesino puede cultivar y vender, cuando el trabajador recibe un salario digno, cuando el niño encuentra alimentación y tecnología en su escuela, cuando el paciente obtiene sus medicamentos y cuando una familia abre la llave y recibe agua potable. Los cien logros son una rendición de cuentas y, al mismo tiempo, una invitación a comprobarlos. Porque entre el país descrito por el Gobierno y el país vivido por la ciudadanía se encuentra el territorio decisivo de la verdad pública.
