Las conductas delictivas que motivaron la sentencia fueron perpetradas en Cesar y La Guajira.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras encontrarlos responsables de 78 hechos delictivos perpetrados entre 1995 y 2005 en los departamentos de La Guajira y Cesar.
La decisión judicial se produjo luego de que una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional presentara las pruebas y argumentos que acreditaron la participación de los procesados en delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario.
Los condenados son Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, cabecilla del Frente Juan Andrés Álvarez; Amaury Gómez Ramos, alias ‘Bigotes’ o ‘Binladen’, segundo al mando de la estructura; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias ‘El Pájaro’, señalado de intervenir en varias masacres; y Evangelista Bastos Bernal, alias ‘Pedro’ o ‘Jota’, quien cumplía funciones logísticas dentro del grupo armado ilegal.
Según la sentencia, los exparamilitares fueron hallados responsables de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados contra población civil.
Entre los hechos analizados por el Tribunal se encuentra la incursión paramilitar ocurrida el 8 de diciembre de 1998 en el municipio de Villanueva, La Guajira, cuando hombres armados ingresaron en la madrugada, irrumpieron en varias viviendas, retuvieron a sus habitantes y asesinaron a 11 personas.
Asimismo, la decisión judicial incluye el asesinato del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez, y del enfermero del hospital municipal, Jairo Ferias Fonseca, quienes fueron interceptados y asesinados el 19 de septiembre de 1997 mientras se desplazaban por la vía entre Valledupar y Codazzi.
Los procesados fueron condenados a penas de entre 240 y 480 meses de prisión, además del pago de multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos. No obstante, al estar sometidos al proceso de Justicia y Paz, se les impuso la pena alternativa contemplada en esa legislación, condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
