Decisión judicial por demanda presentada por Luis Alonso Colmenares.
El Tribunal Administrativo de La Guajira decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Acuerdo Municipal 013 de 2025, mediante el cual se modificó el capítulo relacionado con el impuesto de alumbrado público en el municipio de Villanueva.
La decisión fue adoptada como medida cautelar dentro de una demanda de nulidad presentada por el ciudadano villanuevero Luis Alonso Colmenares Rodríguez, quien cuestionó la legalidad de la norma aprobada por el Concejo Municipal y sancionada por la administración local.
De acuerdo con el documento judicial conocido este lunes 22 de junio, el Tribunal resolvió decretar la medida cautelar solicitada por la parte demandante y, en consecuencia, ordenó suspender de manera provisional los efectos jurídicos del Acuerdo 013 de 2025, denominado “Por medio del cual se modifica el Capítulo XIV del Acuerdo 013 de 2023 que regula el impuesto de alumbrado público”.
La providencia señala que la suspensión se adopta con fundamento en las consideraciones expuestas por la corporación judicial en la parte motiva del fallo, mientras avanza el estudio de fondo del proceso contencioso administrativo.
El caso se remonta a marzo de este año, cuando el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió la demanda presentada por Colmenares Rodríguez, quien argumentó que las modificaciones introducidas al impuesto de alumbrado público no se ajustaban a las disposiciones legales vigentes. Desde entonces, el proceso continuó su curso hasta la decisión cautelar conocida en las últimas horas.
A través de sus redes sociales, Luis Alonso Colmenares informó sobre el resultado de la acción judicial y destacó que la medida ordenada por el Tribunal suspende temporalmente la aplicación del acuerdo mientras se define la legalidad del mismo.
La decisión no constituye un fallo definitivo sobre la validez del acuerdo demandado, sino una medida preventiva adoptada por la jurisdicción contencioso-administrativa para evitar que la norma continúe produciendo efectos mientras se resuelve el litigio.
Ahora corresponderá al Tribunal Administrativo de La Guajira continuar con el análisis de fondo de la demanda para determinar si el Acuerdo 013 de 2025 se ajusta o no al ordenamiento jurídico colombiano.
