La Unidad para las Víctimas entregó 186 cartas de indemnización por vías judicial y administrativa a sobrevivientes del conflicto armado, en jornadas realizadas con acompañamiento de entes territoriales, enlaces municipales y Mesas de Participación Efectiva de Víctimas.
La Unidad para las Víctimas continúa fortaleciendo las acciones de reparación individual en el territorio con la entrega de 186 cartas de indemnización administrativa a víctimas del conflicto armado en los departamentos del Cesar y La Guajira, una inversión que superó los $5.083 millones.
Las entregas de cartas de indemnización, correspondientes a reparación individual por vías judicial y administrativa, abarcaron víctimas de 18 municipios de estos dos departamentos, entre ellos Aguachica, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, El Copey, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pailitas, Pelaya, San Diego y Tamalameque en el Cesar; mientras que, en La Guajira, se indemnizó a víctimas de San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Riohacha y Maicao.
“La reparación no se limita a la entrega de una carta; también implica presencia institucional, articulación territorial y acompañamiento a las víctimas en su proceso de reconstrucción. Seguimos trabajando para que estas medidas lleguen de manera oportuna y digna a quienes han sido afectados por el conflicto armado”, señaló Alexander Alvarado, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Cesar y La Guajira.
La entrega contó con la presencia de entes territoriales, enlaces municipales de víctimas y coordinadores o representantes de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas. “Gracias a Dios primero, y a la Unidad para las Víctimas por entregar estas carta cheques a las víctimas en el departamento de La Guajira, gracias al Estado y a la gestión de las demás entidades, hoy es posible que reciban esta indemnización” expresó Sara Esther Correa, coordinadora de la Mesa Víctimas de Riohacha.
Estas jornadas representan avances significativos en la implementación de medidas de reparación individual, al tiempo que fortalecen la confianza entre las víctimas y las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.
