Por ser de interés general publico este artículo donde se analiza la situación crítica que está viviendo El Cerrejón y por ende La Guajira ahora por el cierre de tantos bloqueos que ha sufrido la empresa minera.Fabio Esteban Barrera quien fuera un gran funcionario de Cerrejón es el autor de esta importante opinión para mis lectores.
Produce tristeza observar cómo en los departamentos de La Guajira y el Cesar muchos ciudadanos continúan respaldando un discurso que, en la práctica, termina afectando las principales fuentes de empleo y desarrollo de la región.
Mientras la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol, ha comenzado a cuestionar algunas decisiones del Gobierno Nacional relacionadas con el sector energético, los sindicatos de Cerrejón y Drummond parecen mantenerse alineados con una política que busca acelerar el cierre de la minería del carbón, sin que existan alternativas económicas sólidas que permitan reemplazar los miles de empleos, los impuestos, las regalías y los programas sociales que esta actividad genera.
Cerrar las minas sin haber construido previamente una economía alternativa constituye un grave error de planeación. La transición energética debe ser responsable, gradual y realista, garantizando que las regiones productoras no queden sumidas en una crisis social y económica.
La visión crítica del presidente Gustavo Petro frente al capital privado y las empresas multinacionales ha generado incertidumbre en sectores estratégicos de la economía nacional. Para muchos analistas, esta postura ha contribuido a frenar inversiones y a debilitar la confianza empresarial en un momento en que el país necesita crecimiento económico y generación de empleo.
Más preocupante aún es que varias de las grandes promesas para La Guajira continúan sin materializarse. Entre ellas se destacan la segunda fase de la represa del río Ranchería, que permitiría aprovechar cerca de 200 millones de metros cúbicos de agua actualmente subutilizados; la culminación de la carretera hacia la Alta Guajira, detenida aproximadamente en el kilómetro 106; la construcción del prometido aeropuerto para esta región; y el impulso efectivo a proyectos de energías alternativas, muchos de los cuales han sufrido retrasos o suspensión.
En el Cesar, el panorama tampoco es alentador. El cierre de explotaciones carboníferas en zonas como Calenturitas y La Jagua de Ibirico ha reducido las oportunidades laborales y económicas, sin que existan señales claras de nuevas inversiones capaces de compensar la pérdida de actividad productiva.
Las regiones no necesitan discursos ni promesas; necesitan obras, inversión, empleo y oportunidades. La lucha contra la pobreza no se logra destruyendo los sectores productivos existentes, sino fortaleciendo la economía mientras se construyen alternativas viables y sostenibles para el futuro.
Colombia enfrenta hoy enormes desafíos en materia de crecimiento económico, seguridad y estabilidad institucional. Por ello, resulta fundamental abrir un debate serio sobre el rumbo que debe tomar el país, promoviendo una mayor descentralización, fortaleciendo la autoridad legítima del Estado y construyendo una paz efectiva que garantice orden, desarrollo y oportunidades para todos los ciudadanos.
El país requiere soluciones concretas y resultados tangibles. Es momento de que las regiones sean escuchadas y de que las decisiones nacionales respondan más a la realidad de los territorios que a las ideologías”.
