Cuando escuchábamos a los expertos hablar de las políticas de Estado, lo veíamos como algo alejado de nuestra realidad provincial, algo que no afectaba en nada el precio de la yuca o las faenas de pesca, respondiendo también a la autosostenibilidad que nos brindaba Maicao y al intercambio de bienes con Venezuela. Considerábamos que esto, era entonces, un asunto de los distinguidos políticos estadistas del interior del país.
Hoy, la realidad institucional, social y económica nos exige comprender cómo la geopolítica nacional ha limitado el aprovechamiento de nuestra diversidad cultural y de las potencialidades energéticas del territorio, debido a la falta de un diálogo serio y genuino con las comunidades.
Estamos a puertas de elegir en primera vuelta al próximo presidente de la República, y lo que antes elegíamos por simpatía ideológica o el reducido voto estructurado de las casas políticas para presidenciales; hoy también empieza a definirse desde una pregunta fundamental: ¿cómo queda La Guajira en las propuestas presidenciales?
Nos enfrentamos en debate unos a otros en las aulas, en las plazas, en las reuniones familiares y en las redes sociales por los candidatos. Y no es porque seamos más patriotas que antes. No. Hemos entendido que requerimos de políticas que nos hagan más competitivos, por lo menos frente al Caribe colombiano, con grandes inversiones en infraestructura y fortalecimiento de la industria mediante mecanismos jurídicos que aseguren porcentaje mayoritario de talento humano local, como estrategia para superar la pobreza monetaria y solución definitiva al acceso permanente al agua potable como primera necesidad del departamento.
¿Qué debemos mirar entonces para elegir bien? Candidatos que reconozcan el orden constitucional, el que indica que Colombia es un Estado descentralizado, política y administrativamente por departamentos y municipios. Un presidente que le apueste a la centralización en la ejecución del gasto es un gobierno llamado a fracasar. El gobierno debe hacerse desde las regiones, pero respetando y coordinando con las autoridades territoriales, para escuchar la percepción de gobierno local que logre optimizar los recursos, pero tambien para que sean efectivas las intervenciones gubernamentales.
El gobierno no puede excusarse en prejuicios éticos y políticos para no responder a las relaciones intergubernamentales a las que está sujeto; de no ser así, para muestra está el desastre de los carrotanques de la UNGRD. Debemos entonces valorar quien apuesta por un Estado que comprenda a las regiones y apueste por un trabajo coordinado con las autoridades de gobierno local para avanzar en soluciones asertivas.
Y el otro punto a valorar es quién nos ofrece una mejor propuesta para el aprovechamiento y producción de energías alternativas. ¿Nos hemos preguntado como va La Guajira con los parques eólicos? Y más allá de las compensaciones destinadas a las comunidades indígenas wayuu, ¿cuál será el beneficio para el departamento, teniendo en cuenta que no proceden regalías por ser recursos naturales renovables?
Es importante revisar un antecedente normativo: Decreto 44 de 2026, que creó una contribución parafiscal del 2.5 % sobre la utilidad de producción energética, declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Hay entonces que analizar qué estilo de gobierno nos ayudaría a fomentar la industria energética brindando garantías al sector privado y cómo puede, junto con las comunidades, autoridades político-administrativas y congresistas de La Guajira, impulsar una estrategia legal de aprovechamiento tributario o societario en la producción energética de nuestra tierra. Ese debe ser uno de los enfoques.
