La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en el departamento de La Guajira.
La decisión se dio tras los hallazgos obtenidos en una indagación preliminar, en la que el organismo de control evidenció retrasos significativos en la ejecución del proyecto, así como incumplimientos frente a las metas inicialmente previstas.
Según la Contraloría, a marzo de 2022 el avance de las obras alcanzaba apenas el 29,6 %, cifra inferior al 33,7 % programado para esa fecha. Además, se identificaron demoras en los procesos de licenciamiento, situación que habría impactado negativamente el cronograma y generado mayores costos.
El proyecto fue suspendido de manera indefinida en mayo de 2023 sin haber iniciado operaciones. Para ese momento, únicamente se habían construido siete de las 41 cimentaciones contempladas y no estaban instalados los aerogeneradores requeridos para su funcionamiento.
La entidad señaló que, pese a la inversión realizada, los equipos adquiridos no habían sido puestos en operación dentro del proyecto Windpeshi, por lo que no se cumplió la finalidad para la cual fueron destinados los recursos.
En este contexto, la Contraloría de Bogotá advirtió una presunta afectación a recursos públicos distritales, teniendo en cuenta la participación del Distrito Capital en Enel Colombia.
Con la apertura del proceso fiscal, el organismo de control busca establecer las posibles responsabilidades e identificar a las personas que intervinieron en la planeación, ejecución y toma de decisiones relacionadas con el proyecto.
“Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido. Con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar”, manifestó el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
