La Administración Distrital, a través de la Dirección de Rentas, anunció la implementación de condiciones especiales de pago para la recuperación de cartera tributaria, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno Nacional.
Esta medida se adopta en desarrollo del Decreto Legislativo 0243 de 2026, el cual faculta a las entidades territoriales para establecer alivios a los contribuyentes con obligaciones pendientes, especialmente aquellos afectados por las fuertes lluvias e inundaciones que han impactado de manera significativa al Distrito.
De acuerdo con la resolución expedida, los contribuyentes podrán acogerse a dos modalidades de pago. La primera corresponde al pago total de contado, con una reducción del 80% en intereses de mora y sanciones. La segunda opción es un acuerdo de pago hasta por 12 meses, que contempla una reducción del 60% en intereses y sanciones, con una cuota inicial mínima del 10%.
Estas medidas aplican para deudas correspondientes al impuesto predial, industria y comercio y demás tributos distritales, incluyendo aquellas obligaciones que se encuentren en procesos de cobro coactivo o en discusión administrativa o judicial, bajo las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
El director de Rentas, Luis Mario Pichón Lubo, explicó que el programa busca equilibrar la necesidad de fortalecer el recaudo del Distrito con la situación económica de los contribuyentes afectados por la emergencia, brindando una oportunidad para normalizar sus obligaciones con beneficios significativos.
Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, la cartera susceptible de recuperación asciende a más de $272 mil millones, con una proyección de recaudo que podría superar los $82 mil millones en caso de una alta acogida del programa.
El plazo para acceder a estos beneficios estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Los interesados deberán solicitar la liquidación de su deuda ante la Dirección de Rentas y elegir la modalidad de pago que mejor se ajuste a su capacidad económica. Los acuerdos podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 2026, y el incumplimiento de los mismos implicará la pérdida de los beneficios otorgados y la reactivación de los procesos de cobro.
Finalmente, la Dirección de Rentas realizará un seguimiento mensual al programa, con el fin de evaluar los avances en el recaudo, el número de contribuyentes beneficiados y el estado de los procesos administrativos suspendidos.
