“Esta situación puede generar tensiones sociales, conflictos territoriales y escenarios de incertidumbre jurídica, especialmente en regiones como La Guajira”: Nayke Pimienta Reverol.
La defensora del pueblo en La Guajira, Nayke Pimienta Reverol, se pronunció en defensa de las comunidades wayuu y afro frente al nuevo decreto que busca proteger la denominada Línea Negra y sus 348 sitios sagrados en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
El pronunciamiento tuvo lugar en Riohacha, en un espacio donde también participaron representantes del Ministerio del Interior, pueblos indígenas y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades.
Durante su intervención, Pimienta Reverol advirtió presuntas irregularidades en el proceso de construcción del decreto, señalando que comunidades como el pueblo wayuu y afro no habrían sido debidamente incluidas, especialmente en lo relacionado con la cartografía y la consulta previa.
“En defensa del pueblo Wayuu y del pueblo Afro que no fueron tenidos en cuenta en la cartografía, además a los afro de acá no se les hizo consulta previa. Tiene muchos vicios el decreto”, afirmó.
Asimismo, expresó preocupación por la rapidez con la que se estaría impulsando la iniciativa normativa, pese a antecedentes recientes de nulidad, lo que —según indicó— podría derivar nuevamente en cuestionamientos jurídicos.
Otro de los puntos críticos señalados por la defensora tiene que ver con la denominación del decreto. Según explicó, el término “Línea Negra” no cumpliría con criterios de claridad jurídica ni técnica normativa, calificándolo como ambiguo y poco comprensible para amplios sectores de la población. En ese sentido, consideró positiva la posibilidad de que se evalúe una nueva denominación como “línea intercultural” o “línea interétnica”.
De igual forma, alertó sobre un posible desequilibrio en el reconocimiento de derechos territoriales, indicando que el decreto avanzaría en la protección de ciertos pueblos, pero sin establecer mecanismos claros de armonización con otros grupos étnicos y comunidades históricamente asentadas en estos territorios.
“Esta situación puede generar tensiones sociales, conflictos territoriales y escenarios de incertidumbre jurídica, especialmente en regiones como La Guajira”, sostuvo.
Finalmente, la funcionaria reiteró que la protección de los derechos de los pueblos indígenas es un mandato constitucional, pero subrayó que debe garantizarse bajo principios de inclusión, participación amplia y equidad, evitando nuevas formas de exclusión.
“Hoy soy la voz de esos que no tienen voz. Luego de analizar el borrador, observo que se ha desdibujado el derecho a la igualdad”, concluyó.
Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado a que este tipo de decisiones normativas se construyan con mayor concertación y respeto integral por todas las comunidades involucradas.
