El reciente paro armado dejó al desnudo la fragilidad de la seguridad en la capital de La Guajira: un Estado que reacciona tarde y una protección que no alcanza para el “pueblo raso”.
Riohacha no se detuvo por decisión propia: fue obligada. Tres días de paro armado bastaron para convertirla en una ciudad fantasma, paralizada por el miedo y expuesta a las limitaciones de la capacidad de respuesta institucional.
No fue una pausa voluntaria, sino el resultado de un miedo paralizante que detuvo las actividades productivas, afectando la economía, las clases en colegios y universidades, los servicios y el transporte; al final, alterando la vida de todos.
Las persianas de los negocios abajo y las calles vacías fueron la estampa de una crisis en la que toda una población quedó sometida a la voluntad de actores al margen de la ley.
Una seguridad de contrastes
Caminar por Riohacha durante el paro generaba temor. Las tiendas populares, pulmón de los barrios, cerraron ante la evidente desprotección. En contraste, los almacenes de cadena y centros comerciales se convirtieron en los únicos puntos de abastecimiento, respaldados por una presencia policial permanente.
La fuerza pública no estuvo presente con la misma intensidad durante los tres días en los mercados populares ni en los lugares donde se ubican los comerciantes informales y vendedores callejeros. La protección no fue igual para todos; el “pueblo raso”, aquel que vive del día a día, fue quien más sufrió el golpe en su bolsillo.
Mientras los grandes comercios estaban vigilados, la economía del rebusque quedó expuesta. Y no se trata de cuestionar la protección a los grandes negocios, sino de advertir que esa protección debería ser equitativa. Solo al tercer día del paro se evidenció un mayor despliegue del Ejército en las zonas del mercado viejo y nuevo de Riohacha.
No resulta claro qué persiguen los promotores de este tipo de acciones al paralizar toda una ciudad, porque, si el objetivo fuera generar algún tipo de respaldo social, es el ciudadano común quien termina más afectado. Nadie respalda una causa que le impide trabajar para ganarse el sustento.
Afectar la productividad es herir el bienestar de todos, pero golpear con mayor fuerza a la población más vulnerable es, sin duda, una consecuencia especialmente grave.
La reacción institucional
La ciudadanía ha expresado la percepción de que las autoridades actuaron de forma reactiva y no preventiva.
La pregunta es inevitable: ¿por qué no se percibió una presencia más visible de la fuerza pública desde el primer momento? El ciudadano no tiene por qué definir las estrategias de seguridad, pero sí espera que estas se materialicen en el cumplimiento de la Constitución y la ley, garantizando la tranquilidad colectiva.
Es comprensible que, ante un escenario de incertidumbre, se generara temor. Nadie está obligado a exponer su vida, especialmente cuando hechos concretos (atentaron contra un negocio) refuerzan la percepción de riesgo.
Más allá del número de uniformados en las calles, pesó el vacío de información. En una ciudad atravesada por el rumor, la ausencia de mensajes claros y oportunos por parte de las autoridades dejó al ciudadano en una situación de inseguridad.
Cuando la institucionalidad no logra ocupar el espacio público ni comunicacional, ese lugar lo llena el miedo. El pequeño comerciante no cerró por capricho, sino por la falta de garantías que le permitieran operar con tranquilidad.
El mandato constitucional en el olvido
Es necesario que el Gobierno Nacional mantenga su atención sobre Riohacha y continúe fortaleciendo el apoyo a las autoridades territoriales. La Constitución es clara: las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes.
La ciudadanía no exige un favor; exige la materialización de un derecho.
Este episodio deja una herida en la confianza ciudadana que no se resuelve únicamente con el retorno a la normalidad. Riohacha es resiliente, pero esa capacidad no debería convertirse en justificación para la inercia institucional.
No se puede normalizar que una capital deba pausar su economía cada vez que se presentan este tipo de situaciones. El costo de estos días se mide en la dignidad de un pueblo que percibe que la seguridad no siempre se garantiza de manera equitativa.
Entre la normalidad y el miedo
Hoy, Riohacha retorna a una aparente normalidad. El ciudadano vuelve a sus actividades, pero persiste una sensación de vulnerabilidad.
Es preocupante que la paz y la seguridad puedan percibirse como bienes frágiles.
Lo ocurrido no debería entenderse como un episodio aislado. Si no se fortalecen las capacidades institucionales, el riesgo es que situaciones como esta tiendan a repetirse. Y cuando el miedo deja de ser excepcional, comienza a convertirse en costumbre.
