La controversia alrededor del Fondo Mixto revela un cúmulo de decisiones cuestionadas que hoy ponen a prueba la transparencia y el rumbo cultural del departamento.
El proceso de elección de la gerencia del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira atraviesa uno de los episodios más controversiales de su historia reciente, marcado por decisiones administrativas, interpretaciones jurídicas y tensiones internas que hoy mantienen a la entidad en un preocupante estado de incertidumbre.
Desde 2023, el Fondo Mixto inició una reforma de sus estatutos. No obstante, distintos sectores han cuestionado la manera como se introdujo un cambio trascendental: la habilitación para la reelección del gerente en ejercicio. Según denuncias, este ajuste habría sido incluido sin la debida trazabilidad, sin aparecer de forma explícita en el orden del día de la junta directiva donde presuntamente fue aprobado. Para muchos, se trató de un “mico” estatutario.
Durante ese mismo proceso, también se propuso ampliar el periodo de permanencia de los representantes del Consejo Departamental de Cultura dentro de la junta. Esta modificación habría limitado la rotación y el ingreso de nuevos consejeros. La iniciativa, sin embargo, no prosperó gracias a los pronunciamientos oportunos de la Dirección de Cultura y de miembros del propio Consejo.
Más adelante, se abrió la convocatoria para integrar la terna de aspirantes a la gerencia. La invitación fue considerada excesivamente abierta y con requisitos mínimos, lo que generó una participación inédita de 19 candidatos, de los cuales 8 fueron preseleccionados.
Las críticas se intensificaron durante la selección de la terna final. Participantes denunciaron que el método aplicado no fue nominal, sino por “plancha”, lo que habría dejado por fuera a dos mujeres con perfiles altamente calificados, una de ellas integrante de la terna en el proceso anterior.
Estas inconformidades derivaron en derechos de petición, reclamaciones y acciones de tutela. Una de ellas fue presentada por una candidata excluida por supuestamente no cumplir el requisito de ser profesional. La controversia radica en que la aspirante se postuló como artista, no como profesional; aun así, el acta de la Dirección y del Consejo de Cultura argumentó que no acreditó título mediante diploma. El juez ordenó suspender el proceso mientras se resuelve el caso.
En paralelo, se espera el fallo de otra tutela interpuesta por una aspirante excluida por no presentar el certificado REDAM, documento que algunos juristas consideran subsanable.
En medio de este panorama jurídico, fue convocada la junta directiva para escoger al nuevo gerente. El gobernador —presidente de la junta— no pudo asistir por compromisos de agenda, y aun así la junta estuvo cerca de tomar una decisión sin su presencia. Aunque inicialmente la sesión se aplazó, luego el órgano decidió continuar con el proceso y reelegir al gerente en ejercicio, ignorando las advertencias del delegado del gobernador y el contexto jurídico pendiente de resolverse.
Este episodio ha dejado un cúmulo de interrogantes: ¿cómo se aprobó el cambio estatutario sobre reelección si no estaba en el orden del día?, ¿por qué se convocó un proceso tan amplio y con requisitos mínimos?, ¿por qué falló la verificación de hojas de vida?, ¿por qué se aplicó el sistema de plancha y no el nominal?, ¿y por qué no se atendieron las recomendaciones del presidente de la junta ni el estado actual de las tutelas?
El debate cobra aún más relevancia si se considera la importancia institucional del Fondo Mixto, entidad que maneja más de 1.500 millones de pesos por ordenanza departamental, además de recursos provenientes de proyectos, convenios y donaciones.
Frente a este escenario, diversos sectores culturales y ciudadanos insisten en que es urgente revisar todo el proceso con rigor y garantizar decisiones que fortalezcan la institucionalidad, la transparencia y, sobre todo, el propósito esencial del Fondo Mixto: impulsar el desarrollo cultural de La Guajira.
El proceso del Fondo Mixto dejó al descubierto maniobras estatutarias, decisiones apresuradas y una terna cuestionada que hoy ponen en entredicho la transparencia y la legitimidad de quienes dirigen la entidad.
