La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa para establecer posibles irregularidades disciplinarias relacionadas con el caso del escolta capturado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, en medio de un operativo contra la presunta compra de votos.
La decisión fue adoptada por el procurador delegado disciplinario de instrucción 2, José Rodrigo Vargas del Campo, quien dispuso iniciar la actuación con el fin de determinar si existen responsabilidades por parte de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Secretaría General de la Cámara de Representantes.
En el documento oficial se ordena la práctica de varias pruebas, entre ellas solicitar información detallada sobre el esquema de seguridad asignado al secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, incluyendo la relación de escoltas y vehículos vinculados, así como verificar si el día de los hechos se estaba haciendo uso del esquema de protección y bajo qué circunstancias.
También se requirió copia del informe policial del procedimiento en el que fue capturado Luis Alfredo Acuña Vega, quien se movilizaba en un vehículo con 145 millones de pesos en efectivo y material de propaganda política.
La Procuraduría busca establecer si el vehículo involucrado pertenece a la UNP y si hubo algún tipo de irregularidad en el uso de recursos oficiales. Para la práctica de las pruebas fue comisionada la abogada Ana María Velásquez Mahecha.
Esta etapa corresponde a una fase preliminar de verificación, en la que el Ministerio Público recopila información antes de determinar si hay mérito para abrir investigación disciplinaria formal contra servidores públicos eventualmente involucrados.
