El salario mínimo estipulado por el gobierno nacional para 2026 se acordó en 2 millones de pesos, aumentado en 23 % con respecto al de 2025. Un incremento sustancial para cualquier persona, pero claramente se trata de una decisión inesperada tanto para gremios sindicales como para el gremio empresarial. Recientemente, el Consejo de Estado ha emanado la suspensión provisional del decreto de aumento, la decisión propone un nuevo acto de acuerdo técnico entre las partes, sin embargo, reversar el salario mínimo no es una decisión fácil, es más, representa en términos macroeconómicos mayor preocupación que la implementación salarial inicial.
Lo cierto, es que desde el espectro laboral formal, las empresas ya han ajustado toda su estructura de costos al nuevo salario mínimo, se han pactado contratos y proyectos, cualquier empresario que compita en el mercado colombiano, sabe que cambios en estos momentos no serían beneficiosos, debido a que la cadena contractual es amplia, considere gastos en seguridad, servicios como energía y demás; desde el espectro laboral informal, el ajuste tendría un mayor impacto, vulnerando aún más el grueso de la población.
Colombia, es un país que se ha caracterizado por tener rigidez a la baja en su nivel de precios. Considere el precio de una gaseosa personal en 1995 cuyo valor era 250 pesos y en la actualidad, su precio ronda los 2 mil pesos, ahora analice el costo de una canasta alimenticia básica; muchos afirmaran que la canasta de huevos ha disminuido a 9 mil pesos, pero el general de un mercado nunca baja, el efecto inflacionario del salario mínimo ya ha sido absorbido por los productores, ya sean grandes o pequeños.
La discusión del salario mínimo se encuentra en una encrucijada amplia, en la primera esquina sus efectos sobre la tasa de interés por medio del Banco de la República, en la segunda esquina los efectos sobre el sector empresarial, en la tercera esquina su comportamiento ante el bajo crecimiento del PIB (2.6 % cuando se esperaba 3 %) y en la cuarta esquina el crecimiento del índice de precios al consumidor (1.18 enero – anual 5.35), reversarlo, no es una decisión ligera.
La opción viable mantener el valor fijado e implementar mecanismos de ajuste, como son las tasas de interés de la mano del Banco de la República para paliar los efectos inflacionarios, igualmente, los próximos incrementos salariales deberían ser menores con el objeto de buscar un ajuste en el nivel de precios anuales.
La moraleja que nos deja este episodio de la economía colombiana es que las decisiones económicas deben ser técnicas, atendiendo a la realidad y menos ideológicas.
