La tragedia que hoy sumerge bajo el agua a miles de familias en el departamento de Córdoba NO es un “revolcón” inevitable del cambio climático. Es, sin duda alguna, el resultado de una administración criminal, de una decisión que privilegió la rentabilidad financiera sobre la seguridad y vida de los ciudadanos. Como líder de servicios públicos, nuestra misión es garantizar los servicios y la protección del usuario, pero lo ocurrido en la Central Hidroeléctrica Urrá nos obliga a levantar la voz y exigir respuestas claras: ¿Quién dio la orden de ocultar la información técnica vital al Gobierno Nacional?
El núcleo de este escándalo radica en la curva guía máxima. Para quienes no están familiarizados con el tecnicismo, la curva guía es el manual de instrucciones de una represa; dicta qué niveles de agua se deben mantener para generar energía sin poner en riesgo a las poblaciones aguas abajo. Mantener esta información bajo llave, fuera del radar del Ministerio de Minas y Energía y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, no es un error administrativo; es una negligencia criminal calculada.
Al ocultar el gerente de Urra que el embalse estaba llegando a niveles críticos y no realizar las descargas controladas a tiempo, provocaron un efecto dominó que terminó en el desbordamiento del río Sinú. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tras una inspección técnica rigurosa en el sitio, confirmó lo que muchos sospechábamos y denunciamos hace años: los datos reportados a XM (el administrador del mercado eléctrico) no coincidían con la realidad física del embalse. Estamos ante una falsedad en la información que tiene consecuencias humanitarias y ambientales devastadoras.
Al mantener la curva guía máxima oculta, la administración de Urrá operó el embalse en niveles superiores a los de seguridad permitidos para esa época del año. (no tres meses como argumentaron ante XM, sino más de cinco meses) Técnicamente, esto se traduce en una “acumulación de energía potencial” artificial. Al no reportar estos niveles reales al Administrador del Sistema Intercambios Descentralizados (ASID) y a XM, la empresa alteró la percepción de disponibilidad de recurso hídrico en el despacho nacional cometiendo varios delitos.
En diversas entrevistas que he concedido a medios locales y nacionales, he sido enfático en mi posición técnica y social: no existe justificación técnica para los precios exorbitantes que se le están cobrando al usuario del Caribe.
“He sostenido y sostengo que, bajo una estructura de costos eficiente y transparente, el costo unitario de la energía debería oscilar entre los $400 y $600 pesos, a febrero del 2026 está en $ 726,73 con referencia a los $1.201,45 con que lo recibió este Gobierno del Cambio’”
El precio de energía en bolsa se rige por la oferta y la demanda. Si una generadora hidráulica de la importancia de Urrá simula tener menos capacidad de maniobra o “esconde” su excedente de agua, el sistema interpreta que hay menos oferta barata (hídrica) disponible. Esto obliga a entrar a generar a las térmicas (más costosas), lo que dispara el precio de bolsa. Urrá, al vender su energía en un mercado con precios inflados artificialmente, obtiene una renta extraordinaria a costa del bolsillo del usuario y la vida de la comunidad.
La inspección de la Superintendencia fue importante y desmiente la narrativa de la empresa. Al constatar que la realidad del embalse era distinta a la reportada, La inspección de la Superservicios reveló una “asimetría informativa” criminal. Mientras que en los papeles enviados a las autoridades el embalse aparecía con margen de amortiguación, en la realidad física estaba al límite. Cuando el río Sinú recibió aportes naturales por lluvias, Urrá no tuvo capacidad de almacenamiento (colchón de seguridad) y se vio obligada a realizar vertimientos masivos no programados inundando a las poblaciones vecinas antes que la represa colapsara.
La ley 142 de 1994 en su artículo 11.9. manifiesta… Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a los usuarios y están en la obligación de repetir contra los administradores, funcionarios y contratistas que sean responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Por esto es que renuncia el gerente de Urrá Juan Acevedo Rocha, no por persecución de Petro como lo intentaban promocionar, es, porqué alguien debe responder civil y penalmente por lo ocurrido.
Como defensores de los servicios públicos, entendemos que la generación de energía es un negocio, pero es, ante todo, un servicio público esencial. La vida de un campesino en Lorica, San Pelayo o Montería vale mucho más que el margen de utilidad trimestral de una generadora. La opacidad en la curva guía es una traición a la confianza pública y un desafío directo a la autoridad regulatoria del Estado.
No se puede permitir que el sector energético se convierta en una “caja negra” donde solo ganan unos pocos. La transparencia informativa es la base de la seguridad nacional. Si el Gobierno Nacional no tiene los datos reales de los embalses, no puede prevenir desastres. Así de simple y así de trágico.
¿Quién dio la orden? Córdoba y Colombia esperan la respuesta, pero, sobre todo, esperan justicia.
