El secretario de Educación Distrital de Riohacha, Alberto Mario Cuan, aclaró públicamente que no existe ninguna orden de arresto en su contra, tras la difusión de una información publicada por un portal digital que aseguraba que un juzgado había ordenado su detención por un supuesto desacato relacionado con la atención educativa a comunidades Wayúu y afrodescendientes.
La versión, replicada en redes sociales, señalaba que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha habría ordenado cuatro días de arresto contra el funcionario, acusándolo de abandonar a comunidades étnicas del distrito. Frente a ello, el secretario desmintió categóricamente dicha afirmación y explicó que la información difundida carece de sustento y no corresponde a la realidad jurídica ni administrativa del proceso.
En declaraciones entregadas al programa radial Usted Tiene la Palabra, Alberto Mario Cuan explicó que la situación está relacionada con el proceso de contratación de operadores educativos para centros etnoeducativos afrodescendientes, el cual, según indicó, se rige por una planeación previa y por los tiempos establecidos mediante circulares oficiales emitidas por la Secretaría de Educación con varios meses de anticipación.
El funcionario detalló que dichas concertaciones debían ser allegadas entre el 4 y el 30 de septiembre, pero que los documentos fueron presentados de manera extemporánea, en noviembre, lo que obligó a adelantar un proceso de subsanación para cumplir con los requisitos precontractuales exigidos por la normativa vigente. Añadió que, pese a los retrasos, la Secretaría dio trámite a la documentación con el objetivo de respetar los usos y costumbres de las comunidades y garantizar los derechos de los estudiantes.
Asimismo, explicó que las subsanaciones finales fueron entregadas el 30 de enero, coincidiendo con el inicio de la Ley de Garantías y con fallas en la plataforma del SECOP, situación que afectó procesos contractuales en varias entidades del país. Aun así, aseguró que la administración distrital priorizó la garantía del derecho a la alimentación escolar y a la atención educativa de los niños y jóvenes, contratando operadores que sí cumplieron oportunamente con los requisitos.
“El principio que me orienta como funcionario es garantizar los derechos de los niños. Hoy la atención y la alimentación escolar están aseguradas. Tenemos las evidencias de todo el proceso y serán los entes de control quienes evalúen lo actuado”, señaló el secretario.
Cuan también indicó que existe disposición para retomar espacios de diálogo y concertación con los representantes de los consejos comunitarios una vez finalice la Ley de Garantías, reiterando que la Secretaría ha mantenido comunicación permanente con las comunidades involucradas.
Finalmente, el funcionario anunció que la Secretaría de Educación emitirá un comunicado oficial en el que se detallarán los tiempos, actuaciones administrativas y comunicaciones adelantadas, con el fin de aclarar la situación ante la opinión pública y evitar desinformación sobre un proceso que, aseguró, se ha desarrollado dentro del marco legal e institucional.
