La cual otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley en materia económica y tributaria.
La Corte Constitucional de Colombia decidió este 29 de enero de 2026 suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica que el presidente Gustavo Petro había emitido a finales de diciembre de 2025 para enfrentar un déficit fiscal estimado en más de 16 billones de pesos. La medida, adoptada con una mayoría de votos de seis contra dos en la Sala Plena, deja temporalmente sin efectos las disposiciones del decreto mientras se define su constitucionalidad de fondo.
El decreto, identificado como Decreto 1390 de 2025, otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley en materia económica y tributaria sin pasar por el Congreso, con el fin de cerrar brechas presupuestales para la vigencia de 2026. Entre las medidas más destacadas se encontraban beneficios fiscales para personas y empresas con deudas tributarias vencidas y la introducción de nuevos impuestos, como el incremento del gravamen sobre bebidas alcohólicas y juegos en línea, además de un impuesto al patrimonio para determinados contribuyentes.
La decisión de la Corte Constitucional implica que las acciones puestas en marcha bajo la emergencia económica quedan suspendidas hasta que el alto tribunal emita un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto. Esto abre interrogantes sobre la legalidad de los aproximadamente 814.000 millones de pesos ya recaudados bajo estas medidas fiscales y plantea la posibilidad de que parte de esos recursos deba ser revisada o incluso devuelta, dependiendo del fallo final.
La suspensión del decreto responde a múltiples solicitudes presentadas por ciudadanos y líderes políticos de oposición, que argumentaron que la declaratoria de emergencia y las facultades conferidas al Ejecutivo vulneran la Constitución al permitir la creación de normas tributarias sin el debate y aprobación correspondiente en el Congreso.
Pese a que el Gobierno había prorrogado la emergencia económica mientras la Corte analizaba su legalidad, la sala plena del tribunal determinó que era procedente aplicar medidas cautelares, en un fallo que anticipa un posible pronunciamiento de fondo en el mes de febrero de 2026.
Las implicaciones de esta decisión son relevantes para las finanzas públicas y el plan de recaudo del Gobierno, así como para los debates sobre el alcance de las facultades presidenciales en estados de excepción y la separación de poderes en Colombia. La Corte Constitucional retomará próximamente el análisis de fondo del decreto para definir si se ajusta o no a los parámetros constitucionales.
