En Colombia, casi ninguna discusión pública logra mantenerse en el terreno de los argumentos. Muy pronto, cualquier tema —salud, educación, paz o salario— termina reducido a una disputa entre bandos: a favor o en contra del Gobierno, petristas o antipetristas, optimistas ingenuos o profetas del desastre. El reciente aumento del salario mínimo no ha sido la excepción.
Desde que el Gobierno decretó un incremento del 23,7 % para 2026, el debate dejó de ser económico y social para convertirse, una vez más, en una batalla política. Para unos, la medida es un acto de justicia histórica; para otros, una irresponsabilidad populista que llevará al país al colapso. Entre esas dos narrativas extremas, se pierde lo más importante: pensar con seriedad qué significa esta decisión para el país real.
Quiero decirlo con claridad. No estoy a favor ni en contra del presidente Gustavo Petro. No leo la realidad desde la lealtad política ni desde la oposición automática. Tampoco puedo afirmar que esta decisión haya sido plenamente acertada. En lo personal, no habría respaldado un aumento por encima de lo solicitado por los sindicatos —alrededor del 16 %— porque creo que los cambios estructurales deben avanzar con ambición, sí, pero también con gradualidad y acompañamiento.
Dicho esto, reducir el debate a un “sí” o “no” respecto al Gobierno empobrece la discusión. El salario mínimo no es un símbolo ideológico: es una herramienta concreta que afecta la vida de millones de personas, la viabilidad de las empresas y el rumbo de la economía nacional.
Hay una verdad que no podemos seguir esquivando: Colombia arrastra una profunda deuda social. Millones de trabajadores formales ganan ingresos que no alcanzan para una vida digna. Durante años se nos dijo que mantener salarios bajos era necesario para proteger el empleo, la estabilidad y el crecimiento. Pero el crecimiento llegó —al menos en cifras— y el bienestar no lo hizo para la mayoría. Esa desconexión es una de las raíces del malestar social que vivimos.
Ahora bien, reconocer esa deuda no implica cerrar los ojos a los riesgos. Subir el salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad promedio es una apuesta alta. Puede aliviar de inmediato el ingreso de quienes menos ganan, pero también puede generar presiones reales sobre pequeñas y medianas empresas, aumentar la informalidad o trasladarse a precios si el Estado no actúa con responsabilidad. Ambas cosas son posibles. El resultado no está escrito.
El problema no es que se haya aumentado el salario. El verdadero problema es pretender que el aumento, por sí solo, resuelva lo que es un fallo sistémico. Cuando el salario mínimo funciona como precio de referencia para vivienda, multas, trámites, aportes y múltiples costos indexados, cualquier incremento fuerte se multiplica por toda la economía. Si eso no se corrige, el riesgo no lo asumen todos por igual: lo asumen los empleadores más frágiles y, paradójicamente, los mismos trabajadores que se busca proteger.
Aquí es donde el debate público falla. En lugar de exigir al Estado políticas complementarias —desindexación inteligente, alivios a las pequeñas empresas, estímulos reales a la productividad, vigilancia de precios, formalización laboral—, nos quedamos discutiendo si el aumento es “de izquierda” o “de derecha”.
No es justo que la estabilidad económica de un país dependa de que millones de trabajadores sigan ganando poco. Pero tampoco es responsable subir salarios sin corregir el sistema que convierte ese aumento en riesgo.
La salida no es bajar el salario ni frenar la justicia social. La salida es distribuir los costos: entre el Estado, el sistema tributario, la estructura de precios, los sectores con mayor capacidad y una productividad que se construya de verdad, no solo exigida al trabajador.
Tal vez el mayor problema de Colombia no sea el monto del salario mínimo, sino la forma como discutimos el país. Mientras sigamos leyendo cada decisión pública como una victoria o una derrota política, seguiremos atrapados en una opinión pública distorsionada, fácilmente manipulable y poco útil para resolver problemas reales.
Pensar el salario mínimo exige algo más difícil que tomar partido: exige pensar en serio. Pensar el país más allá de los bandos. Pensar, incluso, incomodando a los propios.
