Cuando el salario mínimo golpea al trabajador independiente

Por años, el salario mínimo ha sido presentado como un símbolo de justicia social. Cada incremento se anuncia como una victoria para los trabajadores, una corrección frente al costo de vida y una señal de sensibilidad gubernamental. Sin embargo, para miles de trabajadores independientes en Colombia, el aumento del salario mínimo no siempre significa más ingreso disponible. En muchos casos, representa exactamente lo contrario: una mayor carga contributiva que opera como un impuesto fijo y perverso: “pagar más seguridad social sin ganar más”.

El problema no está en el salario mínimo como tal, sino en la forma como el sistema de seguridad social lo usa como una base rígida de cotización para los trabajadores independientes. Esa rigidez, que puede pasar desapercibida en el debate nacional, tiene consecuencias concretas y desiguales en los territorios donde predomina el trabajo informal, por cuenta propia o de ingresos inestables. Por ejemplo, la Tabla 1 muestra los valores de los aportes que un trabajador independiente (contratista del estado) pagó en aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos) durante el año 2025.

Tabla 1. Cálculo aportes independientes 2025

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Ahora bien, con el aumento del salario mínimo en 2026, los aportes mensuales a salud, pensión y riesgos laborales para trabajadores independientes subieron cerca de 95 mil pesos para un segmento de ingresos cercano a la base de la pirámide económica (ver Tabla 2). Hasta ahí, el dato podría parecer razonable y entendible al amparo de las justificaciones. El problema aparece al detallar que un independiente que gana $ 1.750.905 pesos mensuales pagan exactamente el mismo aumento que otro que gana $ 3.500.000. El sistema otorga un tratamiento de igualdad económica a realidades muy distintas a nivel de ingresos, dado que existe una brecha del 199,89%.

Tabla 2. Cálculo aportes independientes 2026

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La anterior divergencia ocurre porque el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 obliga a cotizar sobre el 40% del ingreso, pero establece además que ese valor no puede ser inferior al salario mínimo. Dicha atadura obliga al aportante independiente a que, cuando el 40% del ingreso queda por debajo del mínimo, su cotización deba ajustarse automáticamente a ese piso. Así, el salario mínimo deja de ser una referencia y se convierte en un imperativo uniforme que no distingue entre sobrevivir y devengar estabilidad. El impacto real se entiende mejor cuando se mira en términos porcentuales. En la tabla 3 se muestra que para un trabajador independiente que gana 1.750.905 pesos, el aumento de los aportes representa más del 5,43 % de su ingreso mensual. Mientras, que para quien gana $ 3.500.000, el impacto baja a cerca del 2,71 %. El monto en pesos es el mismo ($ 95.019), pero el esfuerzo porcentual no lo es, dado que representa más del doble de impacto en el ingreso más bajo.

Tabla 3. Comparativo 2025 vs. 2026-Impacto porcentual sobre el ingreso

Las gráficas de la figura 1 lo confirman: mientras el aumento en pesos se mantiene constante para los ingresos bajos y medios, el impacto porcentual cae a medida que el ingreso aumenta, hasta desaparecer por completo en los ingresos más altos. Se evidencia que el aumento en los aportes derivados del salario mínimo se neutraliza completamente a partir de ingresos superiores a $4,5 millones mensuales.

Figura 1. Impacto del aumento del SMMLV: Valor absoluto vs. Impacto porcentual

Este diseño produce un efecto altamente regresivo. En lugar de que quienes más ganan aporten proporcionalmente más, el sistema castiga con mayor fuerza a los trabajos independientes con ingresos cercanos al salario mínimo. En regiones como La Guajira, donde abundan los pequeños comerciantes, profesionales independientes, emprendedores informales y trabajadores por cuenta propia, este esquema no solo es injusto, sino contraproducente. Este fenómeno no es accidental. Es el resultado directo de una norma que obliga a los trabajadores independientes a cotizar sobre el 40 % de su ingreso y establece que ese valor no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Este diseño convierte al salario mínimo en una especie de ancla contributiva, no en un piso de protección. Para los independientes de ingresos bajos y medios, el aumento no mejora la calidad del aseguramiento ni amplía beneficios: solo incrementa el valor a pagar. No hay progresividad. No hay gradualidad. No hay justicia distributiva. Las consecuencias son visibles: menor ingreso disponible en hogares vulnerables, mayor desincentivo a la formalidad, evasión parcial de aportes y una creciente sensación de que cumplir con el sistema es un mal negocio. El mensaje implícito es claro y peligroso: ser formal cuesta más de lo que se recibe a cambio. Paradójicamente, una medida pensada para mejorar las condiciones de los trabajadores termina profundizando las brechas entre asalariados e independientes. Mientras el empleado formal recibe el aumento del salario mínimo, el independiente asume el costo sin ningún beneficio directo. No hay más ingresos, pero sí más obligaciones.

El debate no debería centrarse en si el salario mínimo debe subir o no. La discusión de fondo es otra: si tiene sentido seguir usando el salario mínimo como una base única y obligatoria de cotización para realidades laborales tan diversas. Un sistema de protección social justo debería reconocer la capacidad real de pago, introducir escalas progresivas y evitar saltos bruscos que castiguen a quienes menos tienen. De lo contrario, cada nuevo aumento del salario mínimo seguirá teniendo un lado oculto, especialmente en los territorios. Un lado donde el ajuste no se traduce en bienestar, sino en una carga adicional para quienes ya caminan al límite.

El aumento del salario mínimo en 2026, combinado con el esquema actual de cotización, opera como un mecanismo regresivo que traslada el mayor peso del ajuste a quienes menos ganan, mientras protege completamente a quienes superan cierto umbral de ingresos. No es el salario mínimo el problema en sí, sino su uso como base rígida de cotización para trabajadores independientes. Por ende, se puede concluir que: “en Colombia, subir el salario mínimo puede significar mejorar el ingreso de los asalariados, pero para miles de trabajadores independientes se ha convertido en una sanción silenciosa: pagar más, ganar lo mismo y cargar con un sistema que no distingue entre sobrevivir y prosperar.”