Función política, no de seguridad: SEBIN no actúa como un típico organismo de inteligencia dedicado a la seguridad nacional, sino como una policía política al servicio del gobierno de turno, con el objetivo central de vigilar, perseguir y neutralizar a críticos, opositores y activistas que desafían al Estado venezolano. Esta subordinación política crea un aparato que persigue disidencia en lugar de proteger derechos fundamentales.
Detenciones arbitrarias: El SEBIN ha sido ampliamente denunciado por realizar detenciones sin órdenes judiciales, basadas en la mera sospecha de oposición o crítica al gobierno. Estas detenciones carecen del debido proceso, violando garantías básicas del derecho penal moderno.
Desapariciones forzadas: En múltiples casos documentados, personas han sido detenidas por SEBIN sin que se informe a sus familias ni a un juez sobre su paradero, constituyendo desapariciones forzadas, una violación grave del derecho internacional y considerada crimen contra la humanidad cuando es sistemática.
Tortura sistemática: Investigaciones de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han establecido que SEBIN ha usado tortura física y psicológica, incluyendo asfixiación, descargas eléctricas, palizas, posiciones de estrés extremo, amenazas de muerte y violencia sexual durante interrogatorios en centros como su sede principal, El Helicoide. Estas prácticas no son incidentes aislados sino repetidas y estructurales.
Uso de instalaciones como prisiones clandestinas: La sede de SEBIN en El Helicoide y otras instalaciones han funcionado como centros de detención clandestinos donde las condiciones equivalen a tortura cruel, inhumana y degradante. Allí los detenidos quedan aislados de la luz, sin atención médica y en espacios superpoblados, lo que agrava el sufrimiento físico y mental.
Represión política violenta: SEBIN ha sido responsable de la detención de figuras prominentes de la oposición, periodistas y activistas civiles, como Luis Carlos Díaz, que fueron arrestados, golpeados y retenidos sin cargos claros por ejercer su trabajo periodístico o por su postura política.
Persecución de líderes sindicales y civiles: Organizaciones civiles y sindicales han denunciado vigilancia, amenazas, acoso y presión directa de SEBIN a dirigentes sindicales y activistas, con el fin de intimidar a quienes organizan protestas o expresan demandas sociales. La represión va más allá de arrestos: incluye vigilancia domiciliaria previa a elecciones y amenazas para desmovilizar a opositores.
Ataques a la libertad de prensa: Periodistas han relatado detenciones arbitrarias, intimidación, amenazas explícitas y presión para que cesen sus labores informativas, con advertencias de que pueden desaparecer o ser encarcelados si continúan investigando. Esto crea un clima de miedo que limita la libertad de expresión.
Impunidad institucional: A pesar de múltiples evidencias de violaciones, el sistema judicial en Venezuela no ha investigado ni procesado a los responsables de estos abusos dentro de SEBIN, lo cual fomenta un ambiente de impunidad estructural donde los agentes y sus superiores saben que no enfrentarán consecuencias legales.
Reconocimiento internacional de crímenes de Estado: Misiones independientes de la ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado que estas prácticas de SEBIN forman parte de un plan estatal de represión deliberado, lo que ha llevado a que se considere que, junto con otros cuerpos de seguridad del Estado, ha cometido violaciones de derechos humanos que podrían equivaler a crímenes contra la humanidad.
