Edicion enero 13, 2026

Procuraduría investiga al presidente de la ADR por presunto incumplimiento de fallo sobre el proyecto del río Ranchería

Cesar Augusto Pachón Achury, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Cesar Augusto Pachón Achury, por el presunto incumplimiento de una decisión judicial relacionada con la culminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería, en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con el ente de control, el 11 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera, confirmó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira dentro de una acción popular interpuesta por la Procuraduría, en el que se ordenó finalizar el proyecto.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de agua potable a los acueductos de los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia, así como fortalecer los sistemas de riego de los distritos de Ranchería y San Juan del Cesar. No obstante, a la fecha, la orden judicial no habría sido cumplida.

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Cesar Augusto Pachón Achury, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
Cesar Augusto Pachón Achury, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa advirtió que el fallo de segunda instancia ordenaba a la ADR trazar una hoja de ruta clara para culminar el proyecto, el cual busca dar solución a problemáticas que persisten desde hace más de 15 años en la región.

Según el organismo de control, la entidad, al parecer, ha hecho caso omiso a lo ordenado por la justicia, al no adelantar los trámites administrativos necesarios para ejecutar la obra, situación que motivó la apertura del proceso disciplinario.

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La investigación busca establecer si hubo responsabilidad disciplinaria por parte del funcionario y si se incurrió en falta por el presunto desacato de una orden judicial de obligatorio cumplimiento.

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