Se trata de los exgobernadores, Kiko Gómez, Oneida Pinto y José Maria Ballesteros.
La Contraloría General de la República decidió archivar un proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba contra varios exmandatarios del departamento de La Guajira por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos relacionados con programas de nutrición dirigidos a familias en extrema pobreza. Así lo informó este lunes el medio digital Cambio Colombia en su portal. 
La determinación de la entidad de control administrativo beneficia, entre otros, a Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, quien se desempeñó como gobernador en el periodo 2012-2013, así como a Oneida Pinto, José María Ballesteros y a la exmandataria encargada Sugelia Oñate.
El archivo del proceso, que había sido abierto por presuntas anomalías en dos contratos suscritos en 2013 para garantizar la alimentación de comunidades vulnerables, se produjo tras la evaluación de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría, que consideró insuficientes los elementos que sustentaban la posible existencia de faltas administrativas atribuibles a los exgobernadores. 
Aunque la decisión genera alivio entre los señalados, el hecho reabre el debate en la región sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a programas sociales críticos, especialmente en un departamento donde los índices de pobreza y desnutrición han sido históricamente altos.
Expertos en control fiscal destacan que el archivo de una investigación de este tipo no equivale a una declaración de inocencia material, sino que indica que, bajo los estándares que aplica la Contraloría, no se encontraron elementos jurídicos sólidos para continuar con la acción de responsabilidad fiscal en este caso.
El caso había generado atención pública dado que los contratos en cuestión estaban dirigidos a la atención de familias en situación de extrema pobreza, un tema sensible en La Guajira, donde las condiciones sociodemográficas han colocado al departamento entre los más afectados por la desnutrición infantil y la inequidad social en el país.
Para los involucrados, el cierre del proceso implica el fin de una etapa administrativa, aunque no excluye la posibilidad de revisiones o actuaciones por parte de otras instancias judiciales o de control si surgen nuevas evidencias.
