Fredy Maestre tiene 55 años y las manos curtidas por los cayos que deja la tierra. Cada línea en su piel cuenta la historia de un hombre que ha vivido entre el golpe del hacha, el filo del machete y el peso del azadón, en una pequeña parcela familiar en las estribaciones de la Serranía del Perijá, en Urumita, La Guajira.
Como él, cientos de agricultores siembran café, cacao, plátano, aguacate y frutales en pequeñas fincas que apenas sostienen la esperanza. Son sistemas productivos frágiles, sin asistencia técnica del ICA, Agrosavia ni de las UMATA. Son parte de una Colombia rural que lleva décadas cultivando pobreza: 11 millones de compatriotas sin relevo generacional, sin oportunidades y, para el sistema financiero, sin existencia.
La semana pasada, Fredy intentó tramitar un crédito de 14 millones en el Banco Agrario para ampliar sus cultivos. Quería comprar dos hectáreas a un familiar y sembrar café, frijol y plátano. Pero una deuda ya saldada con una compañía de telefonía seguía reportada en la CIFIN, y eso bastó para declararlo “no viable”. Como si fuera poco, le exigieron autorización de CORPOGUAJIRA para cultivar lo que lleva sembrando toda su vida en una zona declarada reserva forestal, y un certificado de la Junta de Acción Comunal que acreditara la sana posesión de sus tierras.
Estas no son simples formalidades: son muros que perpetúan la exclusión financiera, alimentan la corrupción y empujan a los campesinos hacia el sistema informal del “paga diario”, donde la pobreza se convierte en cadena perpetua. Para no perder la oportunidad, Fredy terminó recurriendo a un microcrédito y a un préstamo personal con tasas superiores al 47% anual, cuando pudo obtenerlo al 9% a través del banco con una línea redescontada por Finagro.
Fredy no es un caso aislado. Más de tres millones de agricultores y ganaderos enfrentan la misma realidad, según el último Censo Agropecuario. Este es, sin duda, uno de los mayores desafíos del próximo presidente: liberar al campo del secuestro normativo y de la mediocridad institucional que hoy reina en la Agencia Nacional de Tierras, ICA, Agrosavia, Finagro y las UMATAS.
En una conversación reciente con el candidato presidencial Abelardo de La Espriella coincidimos en algo: hay que eliminar estos procedimientos absurdos y crear una institucionalidad que forme, capacite, transfiera tecnología y acompañe a los productores del campo en el desarrollo de sus proyectos productivos en cada municipio rural del país. Que el único requisito para acceder a crédito y a un predio rural sea el diploma de técnico agropecuario y la presentación de un proyecto productivo viable. Porque el futuro de Colombia no lo escriben los mediocres burócratas en los escritorios de Bogotá, sino en las manos curtidas de hombres como Fredy. Si seguimos ignorándolos, no solo condenamos al campo: condenamos al país entero.
*Presidente de Open Loans, asesores en banca de fomento agropecuario.
