La política es dinámica. Tras un ciclo de gobiernos de izquierda en Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia, los resultados sociales y económicos han generado el inconformismo del electorado. Todo indica que el péndulo regional de la política empieza a regresar hacia proyectos de derecha que privilegian estabilidad institucional, seguridad y economía de mercado. Chile ya dio señales en esa dirección, y Colombia, seguirá por la misma senda en 2026.
Históricamente, la izquierda latinoamericana ha planteado un papel preponderante del Estado en la vida económica y social: más regulación, más intervencionismo y restricciones a la propiedad privada, cuando no la supresión de esta. La derecha, en su sistema clásico, defiende lo contrario: libre mercado, iniciativa privada y un Estado menos invasivo en las decisiones del ciudadano. Ese antagonismo ha marcado el debate político durante décadas.
En Colombia, sin embargo, el país no había sido gobernado por la izquierda. Su construcción institucional se dio dentro de los marcos liberal y conservador, dos corrientes que dieron forma al sistema electoral, al diseño del Estado y a la identidad política del país. Si bien perdieron influencia, no desaparecieron: simplemente se diluyeron en un escenario en el que el voto dejó de girar alrededor de doctrinas y pasó a concentrarse en figuras individuales.
La Constitución de 1991 profundizó esa transición. La apertura del sistema electoral permitió que surgieran numerosos movimientos sin ideario sólido, construidos más en torno al liderazgo personal que a un programa. El personalismo reemplazó a la doctrina, y el cambio de reglas generó una proliferación de partidos, micropartidos y coaliciones que desdibujaron por completo la tradicional polaridad liberal–conservadora. Hoy, una mayoría de ciudadanos no se identifica con etiquetas históricas porque los partidos dejaron de ofrecer una visión coherente y diferenciada de país.
La llegada de un gobierno de izquierda en 2022 no significó necesariamente un giro estructural del electorado. Más bien, fue la consecuencia de la fatiga acumulada frente al conflicto armado, la desigualdad, la corrupción y la incapacidad de los partidos tradicionales para responder a nuevos desafíos sociales. Fue, en buena medida, un voto de inconformidad más que uno ideológico.
Sin embargo, la respuesta del gobierno a esos problemas no ha logrado cumplir las expectativas. La “paz total” se ha visto cuestionada por el aumento de estructuras criminales en expansión y un deterioro de la seguridad en las regiones, y este gobierno es el más corrupto (caso UNGR). Diversas mediciones de opinión muestran una caída general en la confianza ciudadana frente a sus resultados, y esa sensación de frustración está reconfigurando el panorama electoral.
En ese contexto, el debate político ya no se da entre liberales y conservadores, sino entre propuestas que prometen restablecer el orden —asociadas a la derecha— y aquellas que defienden la continuidad del proyecto actual. Esa nueva línea de tensión explica la creciente polarización y el ambiente electoral que empieza a formarse para las elecciones del 2026.
Hoy, un sector importante de la opinión colombiana identifica en Abelardo De La Espriella la expresión de ese discurso de orden, seguridad y restablecimiento de la autoridad democrática. En el otro extremo, Iván Cepeda representa la continuidad del proyecto gubernamental. De mantenerse la división en la oposición, el oficialismo podría llegar fortalecido a una segunda vuelta gracias al control territorial de grupos ilegales a favor del gobierno, más el poder económico de la “mermelada”.
La reciente experiencia chilena ofrece una lección útil. Allí, la derecha entendió que la fragmentación favorecía a la izquierda y decidió unificarse temprano con miras a la segunda vuelta, cerrando filas alrededor de José Antonio Kast para derrotar a la candidata comunista Jeannette Jara. Esa cohesión le asegura a la derecha el triunfo en segunda vuelta. Colombia enfrenta hoy una disyuntiva similar. Si los aspirantes de derecha que no superan el 1 % en intención de voto —a quienes llamo “menudencia política”— no declinan sus candidaturas, existe el riesgo de que el voto opositor se disperse y se facilite un triunfo oficialista.
Los liderazgos de oposición deben leer el momento histórico. La política actual exige menos personalismos y más responsabilidad con el futuro democrático. Las alianzas y concesiones que antes eran opcionales hoy son indispensables. No está en juego solo una elección, sino la orientación estatal para los próximos años.
Colombia, como buena parte de América Latina, está ante un nuevo giro del péndulo. La pregunta no es si la derecha volverá a tener opciones reales de poder, sino si comprenderá que solo la unidad, la coherencia programática y la estratégica política le permitirán aprovechar ese momento. El país merece un debate de altura, orientado por ideas y resultados, no por rivalidades entre liderazgos afines.
A Vicky, a quien en su momento promoví y apoyé, le digo con franqueza: cambie su actitud hacia De La Espriella, pues el enemigo común de la democracia no es Abelardo, sino la continuidad de un proyecto petrista-socialista que termine entregando a Colombia a las garras del comunismo, como ya ocurrió en Venezuela.
