Solicitan al Ministerio del Interior que designe una comisión de verificación
Representantes de la comunidad indígena wayuu de La Ceibita Macedonia, ubicada en jurisdicción del Distrito de Riohacha, viajaron a Bogotá para radicar personalmente una Acción Urgente y una denuncia penal y disciplinaria ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.
La delegación exige la intervención inmediata del Estado frente a lo que consideran un posible desplazamiento inducido derivado de la construcción de una cárcel de mediana seguridad en su territorio ancestral, obra que –según señalan– avanza sin el proceso de consulta previa, libre e informada al que tienen derecho.
Afectaciones graves al territorio
En el documento presentado ante las autoridades, la comunidad denuncia un deterioro progresivo y crítico de su entorno. Relatan haber sido confinados a un espacio reducido, la destrucción de jagueyes y reservorios de agua esenciales para la subsistencia en La Guajira, y la intervención del cementerio ancestral, considerado un lugar sagrado.
Estas afectaciones, afirman, han generado una ruptura profunda en el tejido cultural y comunitario, creando un escenario de riesgo que podría derivar en la expulsión forzada de las familias wayuu de su territorio.
Denuncian imposición de nueva autoridad tradicional
La comunidad también reporta presuntas irregularidades administrativas. Aseguran que desde la Alcaldía Distrital de Riohacha y la Secretaría de Asuntos Indígenas se habría promovido la designación de una nueva autoridad tradicional sin respetar la elección realizada en asamblea comunitaria y sin informar a la autoridad legítimamente reconocida.
Consideran que esta situación vulnera su autonomía, su derecho propio y su libre determinación como pueblo indígena.
Sustento jurídico
La Acción Urgente se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT y jurisprudencia de la Corte Constitucional que establecen la protección reforzada de los pueblos indígenas.
Recuerdan que la consulta previa es un derecho fundamental y que ninguna obra, proyecto o actuación administrativa que afecte a comunidades étnicas puede llevarse a cabo sin su participación y sin el reconocimiento pleno de sus autoridades.
Peticiones al Estado
Entre las solicitudes presentadas, la comunidad pide:
Que el Ministerio del Interior designe una comisión de verificación, integrada por entidades como la Procuraduría, la Defensoría, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para evaluar los impactos sociales, culturales y ambientales en el territorio.
La apertura de investigaciones penales y disciplinarias contra el alcalde de Riohacha y el secretario de Asuntos Indígenas.
La entrega de los documentos oficiales que habrían sustentado la imposición de una nueva autoridad tradicional.
Evaluar la posible reubicación de la comunidad si se confirma que está enfrentando un desplazamiento inducido por la obra carcelaria.
La comunidad recordó que el Estado es responsable de garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de prevenir daños irreparables. Señalaron que la falta de acción o actuaciones indebidas profundizan la vulnerabilidad de La Ceibita Macedonia y amenazan su permanencia en su territorio ancestral.
