También se detectaron inconsistencias en la información de los beneficiarios del programa y falta de soportes sobre pagos a contratistas
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, abrió dos procesos de responsabilidad fiscal contra directivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades y posibles daños al patrimonio público en contratos del programa gubernamental “Hambre Cero”, ejecutados durante 2023 en los departamentos de La Guajira y Arauca.
Durante la investigación se revisaron soportes como facturas y bases de datos de beneficiarios; sin embargo, se evidenció falta de información en varios registros.
Pese a estas falencias, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción inició dos procesos de responsabilidad fiscal de la siguiente manera:
La Guajira
El contrato para suministrar alimentación a 700 personas en los municipios de Hatonuevo y Manaure, durante 90 días y con una inversión de $5.240 millones, dio lugar a un proceso de responsabilidad fiscal al determinarse la existencia de sobrecostos por $1.001 millones en la contratación de raciones alimentarias dirigidas a comunidades Wayuu.
Arauca
El contrato para suministrar alimentación a 6.200 beneficiarios en Saravena, Tame, Fortul y zonas urbanas y rurales de Arauca, también por 90 días y con una inversión de $9.200 millones, concluyó con la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal tras detectarse sobrecostos por $1.064 millones.
Entre las anomalías identificadas figuran:
Contratistas sin experiencia. Patrimonios insuficientes. Ausencia de inscripción en el RUES. Códigos CIIU inconsistentes. Objetos contractuales incongruentes con la capacidad técnica requerida.
Asimismo, los presuntos responsables fiscales serían:
Olmedo de Jesús López Martínez, Director General de la UNGRD y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, Subdirector General de la UNGRD.
