Edicion noviembre 30, 2025
CUBRIMOS TODA LA GUAJIRA

El abogado wayuu Dilam Andrés Gámez Quijada es reconocido por fallo sobre inclusión de pueblos indígenas en Albania

El abogado wayuu Dilam Andrés Gámez Quijada es reconocido por fallo sobre inclusión de pueblos indígenas en Albania
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Por su papel como ponente de la sentencia emitida el 9 de julio de 2025.

El pasado viernes 14 de noviembre, en el marco del XII Encuentro Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena desarrollado en el municipio de Albania (La Guajira), fue entregado un reconocimiento al magistrado Dilam Andrés Gámez Quijada, por su papel como ponente de la sentencia emitida el 9 de julio de 2025 que promueve la inclusión y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en la justicia ordinaria.

En el marco de este encuentro nacional se realizó el ‘II concurso de sentencias con enfoque intercultural indígena de la rama judicial’, en el que resultó premiada la providencia de 9 de julio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, con ponencia del magistrado Dilam Andrés Gámez Quijada (radicado 440001334000220060024401) como la mejor sentencia con enfoque intercultural dictada por los tribunales de todo el país.

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En esta providencia, el tribunal resolvió las pretensiones indemnizatorias contra el Estado, presentadas por varios familiares de una de las víctimas de «la masacre de Bahía Portete» ocurrida en abril de 2004, en zona rural de Uribia a manos de miembros del «frente contrainsurgencia Wayúu» de las A.U.C. El órgano colegiado cuestionó que el juez de primera instancia estudió el caso sin considerar que se trató del homicidio de una mujer, mayor de edad, de la etnia Wayúu y líder de su comunidad, conocedora de sus saberes ancestrales, lo que desconoció el deber de analizar este tipo de casos a partir de un enfoque diferencial, por lo que hizo un llamado a los jueces de La Guajira a verificar en cada caso, las situaciones particulares que ameriten aplicar este tipo de herramientas jurídicas; este llamado se extiende a todos los jueces del país, que desempeñan sus labores en un territorio colmado de comunidades étnicas y raizales.

Aunque el pronunciamiento del tribunal estaba limitado por situaciones de índole procedimental, armonizó el procedimiento propio de la causa con los principios de dignidad humana y diversidad étnica y cultural previstos en la Constitución y, de ese modo, logró superar las barreras del proceso para impartir justicia real, no solo a las víctimas directas de los hechos, sino a toda una comunidad que se vio desplazada y que, aún hoy sufren las consecuencias de la masacre de Bahía Portete.

Este reconocimiento evidencia el esfuerzo del tribunal en demostrar que no solo las altas cortes pueden garantizar los derechos de las comunidades étnicas y que desde los territorios también se conocen y se aplican decisiones relevantes de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esta decisión consolida al Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira como una corporación seria, que más allá de las dificultades propias del sistema de administración de justicia en Colombia, se esfuerza por hacer la diferencia en materia intercultural y en perspectiva de género. Enhorabuena para el tribunal y para el magistrado Gámez Quijada.

La sentencia, de proceso identificado como Radicado 44001334000220060024401, fue adjudicada bajo la dirección de Gámez Quijada y representa un avance significativo en la jurisprudencia sobre reparación étnica en contextos indígenas.

Durante el encuentro que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre, y en el cual también participó Gámez Quijada en el Panel de Socialización el día 14, se abordaron temas como el sistema normativo wayuu, las prácticas ancestrales en relación con la ley estatal y el papel de la mujer, la familia y el territorio en los sistemas normativos de los pueblos indígenas. 

El reconocimiento público de Gámez Quijada es visto como un paso hacia la consolidación de una justicia más plural e intercultural, en la que los saberes y derechos de los pueblos originarios tienen un espacio de visibilidad dentro del aparato judicial colombiano.

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