La Guajira, tierra de contrastes y belleza imponente, continúa siendo una de las regiones más golpeadas por la desigualdad en Colombia. Su paisaje árido y sus riquezas naturales conviven con índices persistentes de pobreza, desnutrición infantil y carencia de servicios básicos. La paradoja guajira no es nueva: es el reflejo de décadas de políticas públicas mal enfocadas, de planes de desarrollo que no trascienden el papel y de una desconexión profunda entre la planeación estatal y la realidad social del territorio.
Pese a ser uno de los departamentos con mayores recursos provenientes de regalías mineras y energéticas, La Guajira sigue presentando los indicadores sociales más críticos del país. La mortalidad infantil, la desnutrición crónica y la falta de acceso a agua potable siguen siendo heridas abiertas en una tierra que, paradójicamente, abastece al resto de Colombia de carbón, gas y energía.
El problema no radica solo en la falta de recursos, sino en su mala gestión. A lo largo de los años, los planes de desarrollo –tanto departamentales como municipales– han prometido soluciones estructurales que rara vez se ejecutan de forma sostenida. La fragmentación institucional, la debilidad administrativa y la corrupción han hecho que los diagnósticos se repitan sin que los resultados cambien.
Cada cuatro años, los gobiernos locales formulan ambiciosos planes de desarrollo con metas en salud, educación, agua, empleo y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, muchos de estos documentos se convierten en instrumentos burocráticos más que en hojas de ruta reales. Se elaboran sin participación suficiente de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, desconociendo la diversidad cultural y las necesidades específicas de cada zona.
Para que un plan de desarrollo sea efectivo, debe tener tres condiciones básicas: continuidad, participación y transparencia. Sin continuidad, cada administración reinicia el camino; sin participación, se imponen modelos ajenos al territorio; y sin transparencia, los recursos se diluyen en la corrupción o la ineficiencia.
El futuro de La Guajira depende de políticas públicas que trasciendan el asistencialismo. Se necesita un enfoque territorial, intercultural y sostenible, donde las comunidades wayuu, afrodescendientes y campesinas sean protagonistas del diseño y ejecución de los proyectos.
El acceso al agua, la alimentación infantil, la educación rural y la conectividad digital deberían ser prioridades inaplazables. Además, la transición energética ofrece una oportunidad histórica: convertir a La Guajira en un polo de desarrollo sostenible a través de la energía eólica y solar, siempre y cuando estos proyectos se desarrollen con justicia social y respeto por las comunidades locales.
Es momento de que los alcaldes y gobernantes locales pasen del discurso al resultado. Los planes de desarrollo deben traducirse en indicadores claros y medibles, que permitan evaluar el impacto real de los programas sociales y económicos. No se trata solo de ejecutar presupuestos, sino de demostrar transformaciones concretas en calidad de vida, educación, empleo y acceso a servicios básicos.
La evaluación por resultados y la rendición de cuentas públicas deben convertirse en la norma, no en la excepción. Medir el impacto con indicadores de desempeño, eficiencia y equidad permitirá identificar qué políticas funcionan y cuáles deben corregirse, garantizando así un uso más efectivo de los recursos públicos.
La Guajira no puede avanzar sola. Los gobiernos locales necesitan construir alianzas estratégicas con el sector privado, las universidades y las organizaciones sociales, para sumar capacidades, tecnología y recursos en proyectos de impacto regional.
Las empresas que operan en el territorio —especialmente las del sector minero-energético y las nuevas inversiones en energía renovable— deben asumir un rol activo en la transformación social. La responsabilidad social empresarial no puede limitarse a acciones simbólicas; debe integrarse a los planes de desarrollo y generar beneficios sostenibles para las comunidades.
Los planes de desarrollo no deben ser simples declaraciones de buenas intenciones. Su efectividad dependerá de la voluntad política, del control ciudadano y de la corresponsabilidad entre Estado y empresa privada. El desafío es pasar del diagnóstico a la transformación, del plan al resultado, del discurso al cumplimiento.
