Colombia necesita una reforma a la salud, pero no una construida desde los cálculos políticos ni desde la improvisación. Lo que está en juego no es la victoria de un gobierno ni la derrota de una oposición, sino la vida y el bienestar de millones de ciudadanos que todos los días enfrentan un sistema que, aunque ha tenido logros, también muestra grietas profundas.
Durante décadas, el modelo de salud colombiano ha demostrado fortalezas importantes, como la cobertura casi universal, pero también arrastra problemas estructurales que lo están llevando al límite. La intermediación financiera, la falta de control sobre los recursos públicos, los retrasos en pagos a hospitales y el abandono en zonas rurales son síntomas de un sistema que requiere ajustes de fondo, no simples parches.
Una reforma es urgente, pero debe ser técnica, participativa y con enfoque territorial. Técnica, porque las decisiones sobre el sistema de salud deben tomarse con evidencia y datos, no con consignas ideológicas. Participativa, porque los médicos, enfermeros, pacientes y gestores locales deben tener voz en las soluciones, no ser simples espectadores. Y territorial, porque la salud en La Guajira o el Chocó no puede pensarse igual que en Bogotá o Medellín. Cada región tiene necesidades distintas, realidades geográficas complejas y condiciones de infraestructura que exigen políticas diferenciadas.
El mayor riesgo hoy es que el debate sobre la reforma se siga usando como arma política. El sistema necesita ajustes estructurales, pero el país parece más enfocado en discutir quién gana el pulso que en construir acuerdos mínimos. Si no se corrigen las fallas con sensatez y consenso, la reforma podría terminar siendo otro intento frustrado que agrave la crisis.
Blindar los recursos públicos debe ser la prioridad. Cada peso destinado a la salud debe llegar al paciente, no perderse en intermediaciones o en trámites burocráticos. La tecnología y la transparencia pueden convertirse en aliadas si se usan para vigilar en tiempo real la atención y los flujos de dinero.
Más que destruir lo construido, la tarea es corregirlo. La salud debe ser un derecho real, no una odisea para quienes viven lejos de los centros urbanos. Colombia no necesita una reforma improvisada ni partidista, sino una que garantice atención digna, oportuna y equitativa. Solo así podremos hablar de un sistema que cure las enfermedades, pero también las desigualdades.
