El 24 de octubre de 2025 Estados Unidos anunció el envío del USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande, al Caribe. No es un gesto rutinario: ocurre tras varias acciones contra lanchas rápidas vinculadas al tráfico ilícito y marca una escalada visible en la cuenca. Para la comunidad académica y de los negocios internacionales, el punto no es discutir la conveniencia militar sino leer con serenidad sus efectos económicos: tiempos, seguros, trazabilidad y, en últimas, competitividad.
La idea de fondo es simple y toma partido: Colombia no controla el despliegue, pero sí cómo lo absorbe. Si la vigilancia aumenta, que seguramente así será, el país debe convertirla en una prueba de confiabilidad, no en un nuevo motivo de retrasos y sobrecostos. El punto es que las demoras no recaigan a ciegas sobre el exportador y que el sistema (puertos, aduanas, navieras, aseguradoras y autoridades) comparta responsabilidades con reglas claras y datos abiertos. En un entorno más exigente, la logística castiga la improvisación y premia la previsibilidad.
Conviene recordar la anatomía del comercio exterior colombiano: la región Caribe movilizó 72,3 millones de toneladas entre enero y junio de 2025, el 84,7 % del total nacional. Ese solo dato explica por qué un cambio en patrullajes, inspecciones o ventanas de atraque se amplifica en todo el tejido exportador. El efecto puede ser doble: menor riesgo de ilícitos, pero más fricción operativa temporal. La tarea es mitigar la fricción sin renunciar al resultado: seguridad con fluidez.
También pesa la composición de destinos. Estados Unidos concentra cerca de 3 de cada 10 dólares exportados por Colombia; a la vez, 2025 viene mostrando un déficit comercial en expansión. En ese contexto, cada día adicional de tránsito o cada ajuste en la prima de seguros erosiona márgenes en flores, café, confecciones, químicos y extractivos. Por eso es razonable que las empresas revisen pólizas, calendarios y cláusulas de costos por demoras, y que el Estado anticipe cuellos de botella con información pública y oportuna.
Aterrizar, aunque sea brevemente, en La Guajira ayuda a concretar la discusión. Puerto Bolívar, eje de la exportación carbonífera, recibe de 15 a 20 buques al mes y opera con cargue directo; Puerto Brisa, multipropósito, dispone de 48 hectáreas de patios y un viaducto de 1.200 metros. En un Caribe más exigente, estas credenciales no son un adorno: son el tipo de atributos que reducen incertidumbre para navieras y cargadores. Si la región exhibe estándares verificables de cadena de custodia, sellado, monitoreo y coordinación, buque–muelle–carretera, puede atraer nuevas escalas y contratos de mayor valor.
Luego de esto, ¿qué debería ocurrir? Que Colombia convierta esta coyuntura en un estándar superior de confiabilidad: fortalecer el cumplimiento integral, es decir; verificación de contrapartes, documentos coherentes de origen y uso final, y trazabilidad de la carga desde planta hasta muelle; pactar acuerdos de nivel de servicio con márgenes de tiempo realistas y reglas explícitas sobre quién asume los costos de inspecciones extraordinarias, sobreestadía y retención de contenedores; y, en paralelo, desplegar transparencia operativa con tableros semanales que muestren tiempos de inspección y de recalada en los principales puertos del Caribe, para que incluso las PYMES planifiquen inventarios y embarques con información cierta.
Todo ello debe sostenerse con diplomacia económica clara: separar la interdicción del delito marítimo de la circulación de bienes legales, de modo que el comercio no quede atrapado en el ruido político, sino que emerja como vitrina de confianza del país. Para la academia, el mensaje es igualmente claro: formar profesionales que conecten un boletín del pentágono con un cronograma de embarque en Cartagena o Santa Marta, y que sepan traducir esa lectura en decisiones operativas. No basta con dominar términos, formatos y cálculos; hace falta alfabetización geoestratégica aplicada a contratos, seguros y logística.
El portaaviones pasará; lo que quedará será la huella de cómo respondió Colombia. Si la respuesta es más trámite sin más información, se perderá margen en silencio. Si, por el contrario, se combina seguridad con gestión basada en datos, la coyuntura puede convertirse en una vitrina de confiabilidad para el país y, en pequeña escala, para La Guajira en un mercado donde la reputación logística pesa tanto como el precio.
