La congresista explicó que la Reforma a la Salud no elimina la participación privada ni la libre elección, como asegura la oposición.
En el debate de la Reforma a la Salud en la Comisión VII del Senado, la senadora Martha Peralta Epieyú se pronunció en contra de la ponencia negativa presentada por el Centro Democrático que busca archivar la iniciativa. La congresista advirtió que archivar la reforma significaría perpetuar un sistema en crisis, con EPS que adeudan más de 32 billones de pesos a hospitales y clínicas, con más de 265 mil tutelas en 2024 por negación de servicios, y con una red pública hospitalaria debilitada.
“Archivar este proyecto sería condenar al país a seguir con un sistema colapsado, con EPS que adeudan más de 32 billones de pesos a hospitales y clínicas, con un 70 % del talento humano en salud precarizado, y con miles de pacientes obligados a interponer tutelas para acceder a servicios básicos”, afirmó Peralta.
La congresista explicó que la Reforma a la Salud no elimina la participación privada ni la libre elección, como asegura la oposición, sino que reorganiza el sistema para que los recursos públicos lleguen efectivamente a los pacientes, fortaleciendo la Atención Primaria en Salud (APS) a través de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS).
Entre los principales argumentos expuestos por la congresista se destacan:
El sistema actual es ineficiente y desigual: Colombia gasta 8% del PIB en salud, similar al promedio de los países de la OCDE (8,5%) y por encima de los países de América Latina y el Caribe (ALC) (7%). El 70 % del personal de salud está precarizado mediante contratación temporal o tercerizada. En 308 municipios no hay sala de partos, en 184 no existen servicios de urgencias y en 114 los pacientes deben recorrer más de dos horas para recibir atención básica.
Continuidad en la atención: la ponencia negativa insiste en que habrá desprotección, pero la reforma garantiza que ningún paciente quedará sin tratamiento durante el periodo de transición. Los usuarios seguirán siendo atendidos en sus IPS actuales y posteriormente tendrán acceso a redes integrales de atención primaria (CAPS y RIISS) que aseguran continuidad y pertinencia.
Sostenibilidad financiera: la oposición plantea que no hay recursos, pero el Ministerio de Hacienda avaló la viabilidad fiscal. El sistema contará con fuentes como incremento en las cotizaciones por la estabilidad laboral, impuestos saludables y a ultraprocesados, recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y rentas territoriales. Además, el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta superávit en el sector seguridad social para 2026 (1,8% del PIB).
ADRES como pagador único: se desmonta el mito del monopolio estatal. La ADRES no contrata servicios, sino que garantiza giros directos, transparentes y oportunos a hospitales, clínicas e IPS, eliminando la intermediación y los retrasos de las EPS. Solo entre enero y mayo de 2025, la ADRES giró 37,9 billones de pesos, fortaleciendo la liquidez del sistema.
Libre elección y rol de los privados: la reforma no elimina la participación privada ni la libre elección. Las actuales EPS se transformarán en Gestoras de Salud y Vida, que pueden ser públicas o privadas, y se encargarán de articular servicios, auditar y garantizar continuidad. Los ciudadanos seguirán siendo atendidos en hospitales públicos, clínicas privadas e IPS comunitarias.
Superación de barreras de acceso: según la OPS y la OMS, la principal insatisfacción de los colombianos con el sistema actual son las largas esperas y trámites excesivos como barreras de acceso a citas, especialmente de especialistas. La reforma responde con un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, acercando la atención a cada territorio.
La senadora recalcó que esta reforma es especialmente necesaria en regiones apartadas como La Guajira, el Vaupés, el Chocó y el Guaviare, donde hoy los pacientes deben recorrer cientos de kilómetros para acceder a servicios básicos o especializados.
“La cobertura en el papel no es garantía de derechos. La verdadera garantía será que en cada municipio haya un CAPS funcionando, con equipos de salud cercanos a la gente, con pertinencia cultural, y que los recursos lleguen directo a hospitales y clínicas, no a la burocracia de la intermediación”, Puntualizó Peralta Epieyú.
Finalmente, el debate en la Comisión Séptima del Senado de la República continúa con la ponencia negativa del Centro Democrático, en caso de que esta no sea archivada, se continuará con la discusión de la ponencia positiva del Gobierno nacional donde la senadora guajira es coordinadora ponente.
