La nación más consumidora voluntaria, de cannabis y cocaína, en el mundo, descertifica al gobierno del presidente Gustavo Petro, dictado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerando a Colombia el mayor cultivador y productor de coca, ofertada a los consumidores de la citada nación americana, pagando cualquier precio en compra de los productos narcóticos, para entonar y despertar: creaciones y activaciones, cotidiana y específica: de trabajo, estudios y recreaciones. La descertificación tiene un valor sintético, utilizado por gobernantes de EE. UU., para condicionar, intimidar, castigar, someter o solventar recursos económicos, bajo dominio y obediencia en cumplimientos de órdenes expedidas. ¡Chantajes!
Es imposible tapar el sol con las manos, ni es de buen gusto victimizarse para acusar responsabilidades, cuando están comprometidos en hechos relevantes y notorios, inocultables, que los delatan y aun así, hipócritamente niegan la realidad y culpan a otros; en aras de justificar manipulaciones y evasiones de lo que les afecta y pretenden ignorarlo, amenazando con sanciones de diferentes calibres, no obstante, estar implícitos en responsabilidad y complicidad innegables, pero caprichosamente se la atribuyen a Colombia para descertificarla.
Estados Unidos persigue de manera extraterritorial el narcotráfico, terrorismo y la corrupción. De manera contradictoria, lideran el mayor mercadeo de consumo internacional, relacionado con marihuana y cocaína, comercializadas por carteles y agencias fantasmas, intocables e invisibles, que recaudan millonadas de dólares en ventas secretas, cuyos recursos económicos se lavan y legalizan en los centros financieros y paraísos fiscales.
En cuanto a terrorismo, no le queda nada bien a EE. UU. atribuirles a otros el término de terrorista, cuando los antecedentes históricos y hechos presentes registrados lo ubican como la nación más terrorista del mundo, por las producciones y comercializaciones de armas. De igual forma, por las invasiones e intervenciones armadas, de manera directa e indirecta, llevadas a cabo irrespetando las autonomías de otras naciones e imponiéndose por la fuerza de armas utilizadas en amenazas, ejecuciones de asesinatos y toda clase de violaciones, vejámenes, torturas y humillaciones; generadoras de horrores.
Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, azotada sin piedad ni misericordia por el Estado de Israel, apoyado por Estados Unidos, materializando genocidio de palestinos, peor que el dejado por Rodolfo Hitler en persecución de los judíos en Alemania, Polonia y otras naciones europeas, siendo los antiguos víctimas, hoy protagonistas (judíos), autores de más de 200 mil víctimas palestinas entre heridos y muertos, incluidos unos 50 mil niños. Otras múltiples familias, que superan un millón de habitantes palestinos, desalojadas a la intemperie, despatriadas, padeciendo de un territorio pacífico, hambruna, descontroles emocionales y variados tipos de enfermedades, sin ningún amparo de la ONU que lo estabilice, frenando la actitud bárbara y criminal del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apoyado y protegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si estas circunstancias no son terroristas, ¿qué será?
La corrupción está implícita en conductas terroristas, en manejos administrativos, diplomáticos, bélicos y comerciales; de diferentes formas, medios y acciones; que permitan participar en condición de patrocinador, cómplice u encubridor de hechos ilegales e ilícitos que comprometan. También es corrupción utilizar rehenes, en calidad de testigo, negociando rebaja de penas, si declara acusando o sindicando a determinadas personas. Inducen a servidores institucionales, proporcionando dinero, para utilizarlo en espionajes e informantes. También proveyendo armamentos para desestabilizar Estados y tumbar gobiernos, con beneficios, protección y solvencias económicas, halagando contraprestaciones de servicios. También impera la corrupción en los tráficos de influencias e intereses que operan en administraciones públicas y poderes ejecutivos y judiciales.
Asombro y críticas ha generado la descertificación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Colombia, por causa de narcotráfico, patrocinado con el consumo de EE. UU. y naciones europeas, sobre las cuales nada ocurre para ponerle fin, erradicando el comercio, con descendimiento voluntario de consumidores. EE. UU., en vez de mostrar ejemplaridad interna y externa en erradicaciones de narcotráfico, producción y uso de armas de fuego, conjuntamente con manejos dudosos y torcidos, implícitos en corrupción y violaciones de disposiciones legales. ¿Con qué fundamento y moralidad descertifica Donald Trump al gobierno de Gustavo Petro, originada de un gobierno ejercido por un delincuente presidente, que no gobierna, sino que comercializa y somete, con el imperio de armas y bloqueos de fuentes financieras?
¿Quiénes son los encargados de vender y distribuir el negocio de cocaína, al por mayor y detal, al interior de Estados Unidos? La cocaína no es un virus, ni bacteria u hongo que contamina. Ni está esparcida en el aire, es un producto narcótico que se mercadea de manera sigilosa, moderada y en líneas clientelistas. Se ofertan, con variados precios, en diferentes estados, donde se consumen toneladas diarias, destacándose viciosos ejecutivos de clases altas y media, mayores consumidores de “perico”. Antes de descertificar a Colombia, por cultivo, producción, tráfico y comercio; primero debe resolver su problema interno y no buscar el ahogado río arriba. ¿Sin demanda de cocaína en naciones consumidoras, cómo prosperarían los cultivos y producción de narcóticos? ¿Por qué descertifican a Colombia, una nación víctima del flagelo? ¿Por condiciones de interés político?
La guerra contra la cocaína, porque el cannabis va rumbo a legalización, es una temeridad que ha generado la conformación de organizaciones delictivas, en cantidades de bandas, carteles, clanes y mafias; que enfrentan a sangre y fuego, sin temer a muertes ni extradiciones, a las autoridades encargadas de controlarlas, generándoles la guerra, fuente de jugosas ganancias, para sostener ejércitos privados al margen de la ley, adquiriendo armamentos y sobornando autoridades corruptas.
Más de medio siglo luchando en guerra contra la droga y nada que acaban con ella. De empecinarse y obstinarse en continuidad de lucha estéril, es como pretender llenar un tanque de agua sin fondo, al menos de que se trate de una estrategia de EE. UU. para manejar hacia futuro, también el monopolio del comercio de marihuana y cocaína en el mundo, sustituyendo el desuso de petróleo, que está monopolizado.
La cocaína que decomisan en Colombia, la presentan a medios de comunicación, con fotografías, informando y detallando la droga confiscada, pero después desaparecen volúmenes de la droga empacada, como arte de magia. Los fiscales encargados de investigar no perciben, observan ni verifican, y menos confrontan existencia y pruebas del objeto aprendido, sobre informe policial, relacionado con prueba documental (fotografías), descripción de cantidad, lugar y transporte del narcótico aprendido. Anteriormente la Fiscalía ordenaba la incineración de cocaína y marihuana, convocando a la Procuraduría, otras autoridades, veedores y medios de comunicación, dejando constancia en registro de acta suscrita por autoridades presentes.
¿Desde cuándo y qué disposición legal suprimió la incineración de productos narcóticos? ¿Qué rumbo o ruta sigue la cocaína aprendida en Colombia, si la autoridad penal ya no ordena incinerarla? ¿Cómo acredita la autoridad competente una investigación penal, sin objetos de prueba material pericial? ¿Con solo informe policial y prueba documental?
Se rumora que la coca decomisada la envían para EE. UU. ¿Qué autoridad la ordena y despacha? ¿En qué forma? ¿Legal o clandestina? ¿Será para arrojar al mar, incinerarla o comercializarla en Estados Unidos? Es importante que el presidente Gustavo Petro, el Procurador General Gregorio Eljach Pacheco, la Fiscal General Luz Adriana Camargo y el Ministerio de Defensa diluciden y esclarezcan, con la Policía Antinarcóticos y la DEA, el destino de la cocaína decomisada en Colombia.
