En Colombia, la gasolina siempre ha sido más que un combustible: es el termómetro de nuestra economía, el pulso de los hogares y el nervio de la competitividad empresarial. Cada ajuste en su precio no solo toca el bolsillo del conductor que tanquea en la bomba, sino que sacude la canasta básica, los fletes y hasta la dinámica de las ciudades. Por eso, la propuesta del Gobierno en su nueva reforma tributaria de gravar la gasolina y el ACPM con un IVA del 10 % en 2026 y llevarlo al 19 % en 2027 y 2028, respectivamente, despierta más de una alarma.
De entrada, el cálculo es simple pero doloroso: un galón de gasolina corriente subiría entre $466 y $475 COP en 2026, y casi $900 COP más en 2027 cuando se aplique la tarifa plena. En el caso del ACPM, el golpe sería menor en el primer tramo, con $257 COP por galón, pero el impacto real se verá en 2028. Esto significa que, mientras los salarios crecen a un ritmo lento y la inflación sigue dejando cicatrices, el ciudadano común deberá ajustar aún más su ya apretado presupuesto.
El Gobierno defiende la medida como un paso necesario para sanear las finanzas y cerrar la brecha fiscal, pero la pregunta de fondo es inevitable: ¿se están buscando soluciones estructurales o simplemente se está trasladando la carga a los contribuyentes de siempre? Porque, en últimas, el que paga el sobrecosto no es solo el dueño del carro particular: es también la familia que ve encarecido el transporte público, el tendero que recibe mercancía más cara y el campesino que mueve sus productos en camiones de diésel.
En este escenario, los sectores productivos advierten una posible pérdida de competitividad. El agro, que depende del transporte de carga, y la industria, que ya enfrenta altos costos logísticos, sentirán la presión. ¿No es contradictorio que, mientras se habla de impulsar la producción nacional, se encarezcan sus cadenas de suministro?
La historia reciente nos muestra que el precio de la gasolina ha sido un punto de quiebre social en varios países de la región. Basta recordar las protestas en Ecuador y Chile, donde el alza de combustibles se convirtió en la chispa que encendió estallidos sociales más profundos. ¿Está preparado Colombia para enfrentar un escenario similar si no se gestiona con inteligencia y sensibilidad esta reforma?
Ahora bien, vale preguntarse: ¿no era esta la oportunidad de replantear de raíz el modelo energético? Si de verdad se busca justicia tributaria y sostenibilidad, ¿por qué no destinar parte de esos ingresos a acelerar la transición hacia energías limpias y a subsidiar alternativas de movilidad eléctrica o híbrida? El impacto sería más equilibrado y no se percibiría como un simple aumento recaudatorio.
El reto no es menor: un país que apuesta por modernizarse no puede quedarse en medidas que solo expriman al ciudadano. Es necesario acompañar este incremento con políticas claras: más inversión en transporte público eficiente, planes de renovación del parque automotor, incentivos fiscales a quienes adopten tecnologías limpias y una hoja de ruta transparente para que la gente entienda por qué paga más y qué gana a cambio.
En últimas, la discusión trasciende el precio en la bomba de gasolina. Se trata de un debate sobre equidad, competitividad y visión de futuro. El ciudadano puede aceptar sacrificios cuando ve resultados claros: mejores vías, transporte público eficiente, incentivos para el campo. Pero si la reforma se queda en recaudar sin transformar, lo que se verá en las estaciones de servicio será más que un tanque lleno: será un tanque de frustración.
