El Gobierno firmó, a puerta cerrada, un memorando para crear una supuesta “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional” en la frontera. Lo firmaron el 17 de julio, pero solo una semana después los colombianos nos enteramos a medias de qué trata. Aún hoy, el texto completo no es de conocimiento público y yo quiero preguntarles ¿Por qué tanto secreto si esto supuestamente traerá bienestar?
Lo primero es que este memorando es un riesgo jurídico y político de grandes proporciones. El propio artículo 224 de la Constitución permite al Ejecutivo aplicar provisionalmente tratados, pero obliga a remitirlos al Congreso para su aprobación, incluso si solo entran en vigor de manera temporal, pero el Congreso no ha recibido ninguna notificación o información sobre este acuerdo. Según el texto del memorando filtrado por los medios de comunicación, el documento no es vinculante, aunque ordena planes de acción y mecanismos de seguimiento.
Lo segundo es la soberanía. En enero vivimos una crisis humanitaria sin precedentes en Catatumbo por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, que dejó muertos y miles de desplazados. Muchos de esos grupos operan desde Venezuela, donde han encontrado refugio y complicidad. ¿De verdad cree el Gobierno que firmar un acuerdo económico con una dictadura que ampara guerrillas va a traer paz y seguridad?
Tercero, este memorando es ambiguo hasta el extremo. No sabemos qué incluye esta zona, qué reglas aplicarán ni cómo se van a manejar las aduanas, los tributos y el comercio. Lamentablemente, esta frontera guarda contrabando, narcotráfico y grupos armados, tanto que esta opacidad es gasolina para la ilegalidad.
Además, esta no es solo una “zona piloto”, el memorando abre la puerta para que se creen más zonas a lo largo de toda la frontera. Nosotros, como Rusia o China, vamos a hacer un acuerdo sobre nuestra gestión económica con un país sancionado, sin democracia y con historial de burlarse de los acuerdos internacionales.
Yo no me opongo al comercio ni al desarrollo de nuestras regiones de frontera. Me opongo a que se firme un acuerdo de esta magnitud sin control del Congreso, sin consulta a los alcaldes y gobernadores y mucho menos a las comunidades que viven en esas zonas. Me opongo porque es un trato con un régimen señalado de proteger a grupos armados y de violar sistemáticamente los derechos humanos. Y me opongo porque un país con una democracia cuestionable no puede convertirse en socio prioritario de Colombia para definir zonas económicas que ni siquiera sabemos cómo van a funcionar.
Si el Gobierno cree que esta zona traerá legalidad, que empiece por respetar nuestras leyes, por aclarar cada línea de lo firmado y por pasar este memorando al Congreso, como exige la Constitución. Lo contrario es abrirle la puerta a la incertidumbre poniendo en juego nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestra institucionalidad.
