En el mundo político colombiano se está moviendo una ficha silenciosa, pero de gran impacto: la reciente Ley de Encuestas Políticas. Aunque para muchos parece un tema técnico reservado a estadísticos, su alcance va mucho más allá. Cambia la manera en que los ciudadanos, los partidos y el mercado electoral leen el pulso de la opinión pública.
Los datos y la democracia sufren un giro
La norma obliga a que las encuestadoras cumplan estándares mucho más estrictos, desde registrar cada detalle metodológico hasta garantizar que sus mediciones sean verificables. Suena lógico: en campaña, una cifra puede catapultar a un candidato o hundirlo en cuestión de horas. La ley busca que esas cifras sean confiables y no simples ejercicios de marketing disfrazados de ciencia.
Sin embargo, en este tablero no todos juegan con las mismas fichas. Las firmas pequeñas, las encuestas de carácter experimental y los estudios locales pueden quedar fuera de juego al no tener recursos para cumplir con los nuevos requisitos. Esto, en mercadeo político, significa menos voces midiendo al electorado y un mercado más concentrado.
Dato certificado, no más intuición
Para las campañas, esto implica un cambio de cultura: ya no bastará con contratar una encuesta rápida para alimentar titulares. Ahora se requerirán datos con trazabilidad, procesos auditables y fichas técnicas impecables. Los equipos de mercadeo deberán diseñar estrategias más sostenidas en el tiempo, usando herramientas internas, análisis de big data y escucha social para suplir los vacíos que dejan las restricciones.
¿Más confianza o menos pluralidad?
Como analista de encuestas, veo dos efectos claros:
Mayor confianza pública: las encuestas que se publiquen tendrán el sello de rigor, y eso puede ayudar a que el ciudadano vuelva a creer en ellas.
Riesgo de monopolio informativo: al elevar los costos de cumplimiento, se reduce la diversidad de encuestadores y se concentra el poder de medición en pocas manos.
Un mercado de encuestas que se reinventa
En marketing político, la información es combustible. Si las encuestas se vuelven más escasas y controladas, las campañas invertirán más en estudios propios, segmentación digital y modelos predictivos internos. Veremos crecer un mercado paralelo de analítica electoral: plataformas que combinan redes sociales, datos abiertos y microsegmentación para suplir lo que antes brindaban las encuestas masivas.
En conclusión, la nueva Ley de Encuestas no es solo una hoja más en el diario oficial. Es un cambio de reglas que obliga a repensar cómo se mide y se comunica la intención de voto en Colombia. Quienes entiendan que esto no es una traba sino una oportunidad, serán los que dominen el nuevo juego: campañas más informadas, encuestas más serias… y un electorado que, ojalá, reciba menos ruido y más verdad.
