“Exigimos la suspensión inmediata de cualquier intervención en nuestro territorio que no cuente con nuestro consentimiento”.
La autoridad tradicional de la comunidad indígena Alaakat, ubicada en el Resguardo de la Media y Alta Guajira en el municipio de Maicao, Aura Beatriz González Epieyú, denunció públicamente las graves violaciones a los derechos colectivos por parte de la empresa Grupo Energía Bogotá (GEB), en el marco del proyecto de líneas de transmisión ‘Colectora 1 – Cuestecitas a 500 KV’.
Indicó la autoridad tradicional que el pasado 10 de julio, funcionarios del GEB ingresaron arbitrariamente al territorio sin convocarnos formalmente ni reconocer a la Autoridad Tradicional legítima.
“En complicidad con personas ajenas a nuestro proceso organizativo, intentaron imponer una nueva autoridad y presentaron propuestas de compensación de manera inconsulta, violando nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada. Estas acciones han fracturado la armonía de nuestra comunidad y han generado amenazas directas que ponen en riesgo nuestra vida y permanencia en el territorio”, informó.
De igual manera detalló que “recordamos que el pasado 2 de abril de 2025, la Autoridad Tradicional, en representación de la comunidad, radicó un derecho de petición ante la empresa GEB, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Maicao, solicitando la suspensión inmediata del proyecto ‘Líneas de transmisión asociadas a la conexión Colectora 1 – Cuestecitas a 500 KV’, al evidenciarse que estaba propiciando graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en nuestro territorio ancestral”.
También informó que “lejos de atender este llamado legítimo y urgente, la empresa ha persistido en su avance, promoviendo divisiones internas al punto de poner en contra a nuestras propias familias, generando enfrentamientos entre hermanos y deteriorando gravemente nuestra convivencia. Esta estrategia de fragmentación deliberada no solo atenta contra nuestra cohesión cultural, sino que nos conduce hacia un escenario de desarraigo y desplazamiento inducido”.
También advirtió que “denunciamos que estamos ante un desplazamiento inducido por el desarrollo, promovido por la empresa GEB, con el aval de la Alcaldía de Maicao y su Secretaría de Asuntos Indígenas. La Corte Constitucional ha advertido que este tipo de desplazamientos, aunque no necesariamente violentos, son igualmente graves, pues nos imponen cargas desproporcionadas sin que participemos en las decisiones que nos afectan. No podemos aceptar que en nombre del progreso se nos expulse de la tierra que hemos habitado ancestralmente”.
Además, “rechazamos además la instrumentalización de la señora Meylyn Zendaya Gámez Mendoza, una persona ajena a nuestro pueblo, que ha actuado en beneficio propio y en alianza con la empresa para dividirnos y suplantar nuestras voces. Su supuesta defensa de derechos humanos ha servido para usurpar nuestros procesos internos, desconociendo nuestros usos, costumbres y formas de gobierno. Exigimos la suspensión inmediata de cualquier intervención en nuestro territorio que no cuente con nuestro consentimiento, y hacemos un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que acompañen y vigilen este proceso. No permitiremos que nos despojen. Nuestra dignidad no está en venta”.
