A nivel mundial, se ha consolidado una tendencia hacia la descarbonización, la transición energética y la reducción del extractivismo. Colombia también ha asumido este compromiso de manera gradual desde los marcos legales, políticos y sociales, promoviendo iniciativas en distintas regiones del país que estén alineadas con las metas internacionales de reducción de emisiones atmosféricas, control de la calidad de aire y uso eficiente del agua y la energía.
En La Guajira, los proyectos mineros han generado oportunidades económicas, empleo y regalías durante más de 40 años. Al mismo tiempo, han provocado transformaciones sociales y culturales en las comunidades indígenas, dejando lecciones y aprendizajes tanto para las poblaciones locales como para las instituciones del Estado y los actores privados presentes en el territorio.
A pesar de contar con el 40 % de la superficie de la Sierra Nevada de Santa Marta, el departamento de La Guajira presenta un contraste ecológico: municipios como Uribia y Manaure, se caracterizan por ecosistemas secos y xerofíticos, con un 42 % del territorio clasificado como altamente sensible ambientalmente, según el IDEAM (2017). En este contexto, estudios ambientales generados por los proyectos energéticos, resultan valiosos para aplicar estrategias de conservación en zonas secas, que además, enfrentan problemas de escasez de agua y desnutrición.
Ante el anuncio de Ecopetrol de retomar proyectos eólicos en la zona, desde la academia se propone mantener un diálogo transparente entre los actores representativos del territorio. Asimismo, se plantea la necesidad de actualizar las estructuras de gobierno local, ya que el entorno cambia rápidamente y muchas instituciones deben ajustar sus enfoques de desarrollo hacia temas como los recursos marino-costeros, las energías alternativas, el ordenamiento territorial en torno al agua y la producción agroecológica, campo en el que Uniguajira ya está liderando iniciativas.
Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira (2025), actualmente existen en el departamento 41 proyectos energéticos, incluyendo líneas de transmisión, parques eólicos, plantas fotovoltaicas y subestaciones. Muchos se encuentran en procesos de obtención de licencias y permisos ambientales y sociales, lo que exige equilibrar los procedimientos, negociaciones y compensaciones bajo los principios de una transición energética justa.
Al respecto, estudios como los de Portener (2022) y Ullman (2024) destacan que los beneficios y efectos derivados de estos proyectos deben contribuir a reparar las injusticias del desarrollo energético y prevenir nuevas desigualdades.
Del mismo modo, para los grupos sociales que históricamente han habitado la península, es fundamental interactuar con estos proyectos desde mecanismos de adaptación cultural que favorezcan una transformación social consciente, en coherencia con su propio modelo de desarrollo. Solo así será posible superar estereotipos de alteridad y construir relaciones más equitativas. En ocasiones, como afirma Guerra (2018), incluso al difundir ciertas imágenes culturales con respeto, se corre el riesgo de asumir la representación como verdad, lo que puede conducir a desconocer la riqueza y complejidad de la cultura real.
Finalmente, a las empresas que retoman proyectos energéticos en la región se les recomienda redoblar esfuerzos para propiciar una gobernanza efectiva, mediante estrategias de responsabilidad social empresarial que trasciendan el cumplimiento de indicadores formales de relacionamiento. Se requieren acciones genuinas, con enfoque endógeno y cohesión social, lideradas en articulación con la sociedad civil y las organizaciones que habitan el territorio, para construir propuestas que impulsen un desarrollo regional sostenible y justo.
